En el 2023 se cumplen 50 años de la entrada en vigencia del Tratado de Itaipú, por lo que Paraguay y Brasil tendrán (en verdad ya tienen) que sentarse a negociar el Anexo C de ese documento, en el cual se establecen las bases financieras del emprendimiento. Esto implica desde la tarifa de venta de energía (que paga la ANDE y afecta a los usuarios locales) hasta los pagos por cesión de energía no utilizada y la venta a terceros países.
Puede parecer mucho tiempo, pero de a poco, el Gobierno del país vecino está empezando a mostrar los dientes en este tema. No es ninguna novedad que a la mayoría de los brasileños nunca les gustó el acuerdo del 2009, firmado entre Fernando Lugo y Luis Lula da Silva, mediante el cual el monto del pago por cesión de energía se triplicó y se fijó en 9 dólares el megavatio hora (MWh). De hecho, el actual canciller José Serra afirmó que Brasil “hizo filantropía” con los paraguayos.
Semanas atrás, el presidente Michel Temer emitió la Medida Provisoria 735, que estableció que los pagos por cesión ya no sean hechos por el Tesoro brasileño, es decir, que ya no forme parte del presupuesto general. En contrapartida, ahora serán los consumidores de la energía de Itaipú los que abonen la cesión. Para el efecto, la Aneel debe subir su tarifa a los usuarios de los sectores sur, sureste y centro oeste.
Lo que se podía celebrar de Itaipú y Brasil era que siempre los pagos por cesión y por royalties se hacían en tiempo y forma, a diferencia de Yacyretá. Ahora que las transferencias ya no dependerán del Tesoro, restará ver cuál es el comportamiento.
Lo concreto es que Paraguay (el Estado y no solo gobiernos de turno) ya tiene que trabajar en el Objetivo Itaipú 2023. Brasil ya lo está haciendo, por algo hasta ahora no se designa al nuevo director que reemplazará a Jorge Samek. Tal vez Dilma Rousseff vuelva al poder o tal vez no, pero lo cierto es que no cambiará mucho el espíritu de los brasileños. Para ellos, como para cualquier país industrializado, la energía es un gran negocio y un negocio exitoso es el que tiene más ingresos con pocos gastos.
Paraguay no puede seguir desarrollando las industrias de Brasil con su energía a precios irrisorios. Por ende, el éxito de lograr un justo aumento en la cesión o, mejor aún, dejar de lado la preferencia hacia Brasil para realmente poder vender energía a terceros países, va a depender de la agenda que marque el Gobierno paraguayo y ya no de la que le marquen.
Si calculamos, aún deben pasar dos administraciones (siete años) para llegar al 2023. Empero, sin ir muy lejos, hace dos años tenían que haberse resuelto las negociaciones por el Anexo C de Yacyretá, algo que parece aún muy lejos de concretarse. Siempre es mejor adelantar y, si es con patriotismo, mejor. Siempre será mejor prevenir a tiempo que lamentar después.
