Una multa de un jornal (G. 76.616) por cada trabajador no inscripto y la inscripción por oficio son los únicos pasos que puede hacer el IPS al detectar la irregularidad, además de comunicar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), argumentó Nery Cañete, titular de AOP.
“Hacemos el control aleatorio, se toma la nómina del personal y se hace inspecciones in situ. Se toma en el caso, por ejemplo, que un personal que esté trabajando no figure en la nómina, nosotros le ingresamos de oficio y le cobramos (a la empresa) lo que corresponde”, explicó con relación a las verificaciones.
El control se realiza con frecuencia debido a la alta rotación de personal, que a veces solo permanecen contratados por apenas 15 días.
DENUNCIAS. Las irregularidades salen a la luz, pero las prestadoras del servicio pese a violar las normas laborales siguen ganando millonarias licitaciones con el Estado.
Tal es el caso de Cevima SA, de Claudio Escobar, y el Consorcio Poti, de Jorge Palumbo, que fueron adjudicados con un contrato millonario con el IPS por dos años por G. 150.000 millones. Ambas empresas tienen denuncias que derivaron en millonarias multas en el Ministerio de Trabajo.
Además, la Contraloría General de la República verificó a ambas instituciones con relación al incumplimiento de leyes laborales, explicó el titular de AOP. “Basándose en eso se hicieron las correcciones del caso y hoy están al día”, señaló Cañete al admitir que se registraron obreros en negro en las empresas que prestan servicio al IPS.
Los controles a las empresas que tienen contratos con el Estado se intensificaron el año pasado con la implementación de una nueva ley.
Por ello, los fiscalizadores de AOP realizaron visitas para verificar la situación laboral. Si las instituciones pagan o no el salario que declaran, es algo que no pueden corroborar y queda a cargo del Ministerio de Trabajo. Una empresa debe estar al día con el IPS para el cobro por el servicio que prestan al Estado.