Una nueva serie de reportajes investigativos realizado por periodistas de Última Hora y Latele han puesto en evidencia numerosas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de la Gobernación del Departamento de San Pedro.
Una de las primeras publicaciones mostró graves deficiencias en el manejo de una ampliación presupuestaria de 7.000 millones de guaraníes otorgada por el Congreso Nacional para hacer frente a la emergencia creada con la creciente del río Paraguay, que dejó sin hogar a numerosos pobladores ribereños en la región.
Llamativamente, se detectaron que presuntamente se entregaron víveres a personas que ya habían fallecido, a pobladores inexistentes o a personas que no son del departamento, como también se encontraron situaciones de familias que figuraban en la lista de damnificados, pero nunca recibieron los kits de víveres evaluados en 250.000 guaraníes cada uno.
Del mismo modo, la investigación comprobó que costosas obras públicas, como la Unidad de Salud Familiar, por cuya construcción la Gobernación ya pagó 159.984.664 guaraníes a la empresa Novageg SA, se encuentra totalmente abandonada, en medio de malezas, dentro del predio contiguo a la Facultad de Agronomía de San Pedro, una edificación que según el contrato ya debía haber estado funcionando hace más de un año.
El Centro de Abasto es otra obra que tenía que estar en funcionamiento en la capital departamental, pero la construcción permanece en estado de abandono, pese a que la Gobernación ya pagó 478.108.182 también a la empresa Novageg SA. Igualmente, un laboratorio para la Facultad de Agronomía se encuentra con el mismo nivel de retraso.
Uno de los reportes que causaron más indignación fue el que revelaba que la Gobernación de San Pedro dejó sin merienda escolar a cientos de niños, porque entre un 30% y 40% de las raciones que debía entregar la empresa Flatworld Solutions SA, con base en un contrato por 2.464 millones de guaraníes, no llegaron debido a que los paquetes no contenían galletitas, o estaban incompletos.
Todos estos casos merecen ser investigados a fondo por la Fiscalía y por otras instancias encargadas de velar por el uso correcto del dinero público. Hasta ahora, el Ministerio Público se interesó solo por el caso de los kits de víveres, pero la indagación no avanza debido a que aún se esperan los informes de la Policía y la Justicia Electoral. En una región particularmente sensible como lo es el segundo departamento, donde actúan grupos armados criminales y otras bandas delictivas, hay que poner especial cuidado en la transparencia de la gestión.
