Esto, tras rechazarse el pedido de revisión de medidas por el juez de Garantías Humberto Otazú, en la audiencia que se realizó ayer en los tribunales.
El abogado Jorge Prieto pidió la libertad de Denilso debido a que al haber acusación fiscal, ya no se pueden obstruir las investigaciones.
Según la defensa, con ello, no se reúnen los requisitos para que el mismo continúe preso, por lo que pidió la libertad. Ofreció incluso un inmueble valuado en G. 2.458.000.000.
Por su parte, la fiscala Yolanda Portillo, que reemplaza al recusado fiscal Marcelo Pecci, se opuso a la libertad.
La agente del Ministerio Público alega que no solo es la obstrucción en la investigación, sino el peligro de fuga.
Alega que existe peligro de fuga, porque el intendente de Capitán Bado está acusado por narcotráfico, con pena de 5 a 15 años, según sostiene la representante de la sociedad.
FALLO. Por su parte, ya al analizar el caso, el juez Otazú ratificó la prisión preventiva que pesa sobre Sánchez Garcete.
Explica en su resolución que existe una acusación fiscal por lavado de dinero, y que con ello debe realizarse una audiencia preliminar, con lo que se necesita que el procesado se encuentre físicamente.
Asimismo, que aún está latente el peligro de fuga debido a la expectativa de la eventual pena, en caso de condena. También afirma que no varió la situación del encausado.
Con ello, rechazó la libertad del procesado y ratificó la prisión preventiva en el penal de Tacumbú. A la fecha, Denilso Sánchez ya lleva casi 5 meses recluido, desde el 5 de enero de 2016.
En el mismo caso, se encuentran también acusados sus hermanos Carlos Rubén y Ardonio Sánchez Garcete, ambos ya con libertad ambulatoria.
La defensa pretende la libertad de Denilso Sánchez, de modo que pueda asumir como intendente de Capitán Bado, cargo al cual hasta ahora no pudo acceder, a pesar de que juró en el cargo.
La investigación es por supuesto lavado de dinero.
