Esto, pese a que el acusado, en forma personal, y sin el apoyo de su abogado, recusó a los jueces Víctor Alfieri, Daniel Ferro y María Luz Martínez.
Sin embargo, al no tener patrocinio de un profesional del Derecho, obligatorio según la ley, no se dio trámite a la recusación que planteó el propio Quesnel, y se inició el juicio oral.
En el caso, además, están acusados Marlene Mendoza, ex directora de Administración y Finanzas del INDI; el también funcionario Éver Otazo y Óscar Viera, presidente de una organización no gubernamental.
Tras escuchar la recusación de Quesnel, que se paró y verbalmente recusó a los jueces, se dio un tiempo para que el procesado sea aconsejado por el defensor Público, Mario Bobadilla, tras lo cual igual recusó a los jueces, sin el apoyo.
Argumentó parcialidad de los jueces y que no le notificaron la resolución que rechazó su recusación anterior.
INCIDENTES. Después, el defensor Bobadilla, pidió la extinción de la acción penal, y el sobreseimiento definitivo del ex titular del INDI.
Explicó que llevan 4 años y 246 días de proceso a Quesnel y que descontados los 70 días por los recursos y recusaciones que planteó su defendido, igual eran 4 años y 176 días, con lo que el plazo de la causa, sin sentencia, ya habría sido sobrepasado, por lo que debía extinguirse.
Las otras defensas se adhirieron al pedido. El representante de Mendoza, requirió que se librara oficio al INDI para determinar las funciones de la directora de Administración y Finanzas.
El fiscal René Fernández y el querellante Maximiliano Mendieta, se opusieron a los pedidos de las defensas.
Los jueces entendieron que se debían contar todas las interrupciones y no solo los pedidos de Quesnel, con lo que rechazaron los incidentes. La audiencia seguirá el martes a las 10.00, con la lectura del auto de apertura a juicio.
Acusación fiscal
Rubén Quesnel está acusado porque junto con los demás procesados, supuestamente se apoderaron de G. 3.127.191.812, de dos cuentas del Banco de Fomento, en el 2013. Los fondos eran para comprar tierras a las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa, para cumplir fallos de la Corte Interamericana de DDHH.