La denuncia fue presentada este martes ante el comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, y se debe principalmente a la victimización de los pueblos originarios en sus tierras ancestrales y explica el desalojo violento que sufrieron, informó el corresponsal de la zona, Elías Cabral.
En el documento señalan que el fiscal, en compañía de agentes policiales, ordenó a los indígenas que se retiren de la comunidad bajo amenaza de apresarlos, además de maltratarlos verbalmente.
Indican que tras abandonar la finca, el jueves pasado, particulares ingresaron al lugar y quemaron sus viviendas, destruyeron sus cultivos de maní, mandioca y poroto, que eran para cosechar en la Navidad.
El inmueble fue adquirido por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en 1996, a través de un contrato privado suscrito entre Carlos Antonio Mereles Vargas y el titular de esa institución, Valentín Gamarra. La propiedad está identificada como Finca 1679.
Así también, el documento detalla que en el lugar no intervinieron autoridades encargadas de garantizar la integridad física y psicológica de niños y ancianos. Expone además que los indígenas tuvieron que vender los pocos animales que lograron salvar para ir hasta la capital a pedir explicaciones al INDI.
Los nativos sostienen que su reclamo se basa en lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat.
