El juez de Sentencia de Misiones Óscar Ramón Talavera fue imputado en la tarde de ayer por el delito de cohecho pasivo agravado, luego de haber sido filmado con cámaras ocultas negociando una coima de USD 25.000 para otorgar una pena reducida a un procesado por tráfico de marihuana. Talavera es el presidente del Tribunal de Sentencia que juzga al hombre.
Además del magistrado, la fiscala anticorrupción Yolanda Portillo imputó en carácter de cómplice a la abogada María Magdalena Ramírez Jacquet, quien en la mañana de ayer en una estación de servicios de la ciudad de San Ignacio cobró una seña de USD 5.000.
El dinero fue entregado por familiares del procesado por narcotráfico, en un operativo encubierto del Ministerio Público. La abogada ofició de intermediaria del juez en el pedido de coima, explicó la fiscala Portillo.
Ya el pasado 9 de setiembre, una cámara oculta de Latele y ÚH registró cómo el juez Talavera negoció reducir la pena al procesado (cuyo nombre es guardado en reserva a pedido de la familia) a tres años de cárcel. El magistrado recibió en su casa en Villa Florida a los familiares del enjuiciado, quienes ya habían sido contactados por la abogada para pagar una coima.
NEGOCIACIÓN. En la conversación, los familiares del procesado piden al juez una reducción del monto a pagar como seña y Talavera responde que primero debe hablar con los otros dos miembros del Tribunal de Sentencia.
“Bueno, yo lo que les puedo decir es que yo no puedo resolver. Tengo que hablar con ella, con ellos, con todos a ver qué dicen. (...) Yo les escucho a ustedes. Pero tengo que ir a cada uno a explicarle. Y los amigos ya tienen miedo”, expresó el magistrado.
Los otros integrantes del Tribunal de Sentencia de Misiones son los dos jueces Blas Barrios Vega y Gabriela Llano de Corvalán, informaron ayer fuentes judiciales.
En otro momento, fue claro al señalar que hay dos propuestas: “Una de la abogada y otra de ustedes”. Talavera también dice que quizás la mitad del monto de la coima puede ser entregado ya en los días siguientes, ya que el juicio oral recién se reanudaría, por una serie de recusaciones, recién en noviembre próximo.
Luego de esta conversación, los familiares del procesado denunciaron el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Una nueva conversación con el juez, donde este último pide USD 5.000 de seña y USD 20.000 antes del juicio, fue grabada por el Ministerio Público con una orden judicial. El juez acordó que la coima sea para otorgar una pena de tres años al procesado, con lo cual ya saldría en libertad.
Finalmente, la entrega vigilada del dinero se hizo en una estación de servicios, dentro del vehículo del denunciante. Al aceptar el dinero, la abogada le dijo a uno de los denunciantes que no se preocupe más por la situación del procesado, porque ella ya habló con el juez. Los billetes entregados habían sido previamente fotocopiados por la Fiscalía.
Tras ser detenida, la abogada Ramírez negó tener participación en algún tipo de coima y se rehusó a hablar con la prensa.