La investigación, a cargo de la fiscala Nadine Portillo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, señala que se utilizaron documentos falsos para acceder a créditos en la financiera, con la complicidad de oficiales de clientes.
El caso fue denunciado en marzo del 2014 por Guido Martínez López, gerente general de Cifesa, menciona el escrito fiscal, por los delitos de estafa y producción de documentos no auténticos.
Los empleados de la entidad financiera imputados son Juan José Quintana Cantero y Jorge Daniel Villalba Méndez. Ambos tenían el cargo de oficial de clientes de Productos Microcrédito.
Los clientes imputados fueron identificados como Verónica Álvarez Arce, Ygnacio Lugo Zaracho, Rafaela González Osorio, Catalino Álvarez Arce, Aníbal Gaona Fariña, Lidia Cristina Jiménez, Antonio Ramón Escobar, José Luis Garay Pimenta, Juan Emilio Mancuello Falcón, Rita Concepción Brizuela, Ida Mabel Barrios Duarte, Rosmary Alida Rojas Romero, Cristina Ceferina Lugo y Richar Moisés Ruiz Martínez.
La lista continúa con Felicia Osorio Amarilla, Elisa Isabel Lombardo, Carmen Graciela Cano, Ramón Gaona Cáceres, Pablo David Galeano González, Natalia Faviola Torres Mendoza, Cirilo Fariña Galeano, Adelaida Miranda, Cesar Hilarión Olivera, Miguel Ángel Zarza Chaparro y Gilda Noelia López Santacruz.
PRÉSTAMOS. Con respecto a los dos oficiales de clientes, la imputación señala que procesaron las solicitudes de crédito y elaboraron informes con datos falsos, además de aceptar documentos apócrifos para el otorgamiento irregular de préstamos a los clientes.
Con respecto a estos últimos, la Fiscalía señala que presentaron documentos falsos para acreditar su supuesta solvencia económica ante la financiera. Para el efecto, presentaron supuestos documentos de la Subsecretaría de Tributación de Estado, Registro del Automotor y otros. Los montos de los préstamos oscilaban alrededor de los G. 10 millones. Según se desprende de la imputación, las cuotas de los créditos nunca fueron abonadas, por lo que se generó el daño patrimonial.
La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías seis meses de plazo para culminar la investigación.
Todos los imputados deberán comparecer ante un juzgado para su audiencia de imposición de medidas cautelares, informaron ayer fuentes judiciales.