19 mar. 2024

Imputados en UNA admitieron cobro ilegal y devolvieron G. 900 millones

45 funcionarios de la casa de estudios y un concejal lambareño admitieron los delitos por los cuales fueron procesados y devolvieron salarios cobrados ilegalmente. Esto complica más a Froilán Peralta.

Juan Gualberto Caballero

Juan Gualberto Caballero

Ya son 46 los imputados por hechos de corrupción en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) que admitieron los delitos por los cuales fueron procesados y devolvieron salarios cobrados de forma ilegal. En total, reembolsaron 902.989.000 guaraníes para finiquitar sus causas judiciales.

La investigación de los fiscales anticorrupción Josefina Aghemo y Martín Cabrera detectó distintas modalidades de cobros indebidos en la UNA durante la gestión de Froilán Peralta como rector.

“En primer lugar, las personas que fueron nombradas en un cargo con una categoría docente sin tener el perfil y sin que se haya realizado el nombramiento bajo los requisitos establecidos por ley”, explicó la fiscala Aghemo”. “Por el otro lado están las personas que habían sido designadas con la categoría presupuestaria docente, pero efectivamente no realizaban esa actividad; son personas que realizaban otra actividad completamente distinta a la docencia”, añadió.

La pesquisa también detectó comisionamientos de funcionarios con rubros de docentes en la UNA a otras instituciones públicas para desempeñar funciones que no están relacionadas con la docencia.

De hecho, una de las personas imputadas por las irregularidades en los comisionamientos fue el concejal de Lambaré Lorenzo Mendieta.

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La Fiscalía acusó al edil de solicitar el comisionamiento de varios nombrados en la UNA a la Municipalidad a sabiendas de que no cumplían funciones asignadas y tampoco tenían el perfil requerido. Mendieta admitió los hechos y devolvió G. 50 millones.

De igual manera, Juan Gualberto Caballero, ex decano de la Facultad de Veterinaria y otrora colaborador cercano de Froilán Peralta, también solicitó una suspensión condicional del procedimiento y devolvió G. 50 millones para ser desvinculado del caso. Caballero también había sido imputado por los casos de comisionamientos fantasmas.

SALIDA. “Estas personas fueron imputadas y acusadas y solicitaron al Ministerio Público ser beneficiadas con la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento. Para ese efecto se comprometieron a hacer la devolución íntegra de lo que percibieron durante el tiempo que estuvieron de forma irregular en sus cargos. Para esto, se citó también al representante de la UNA como víctima, que dio su anuencia, manifestando que la universidad se vio resarcida”, comentó la fiscala Aghemo.

La suspensión condicional del procedimiento dictada por la jueza Griselda Caballero implica que, una vez que cumplan con las medidas impuestas por el juzgado, estas 46 personas quedarán sin antecedentes penales.

COMPLICA. La admisión de los delitos por parte de los 46 procesados complica aun más la situación de Froilán Peralta, cuyo caso la Fiscalía Anticorrupción pretende llevar a un juicio oral y público.

Peralta está procesado por lesión de confianza, delito por el cual se expone a cinco años de cárcel, e inducción a un subordinado a cometer cobro indebido de honorarios, que puede ser penado con hasta dos años de prisión.

En este caso, la Fiscalía ya cuenta con la admisión de la culpa de los funcionarios a quienes, según la acusación fiscal, Peralta indujo a cometer un delito. “La admisión de los hechos por parte de los procesados confirma la hipótesis del Ministerio Público”, comentó al respecto Aghemo.

A dos años de la revuelta estudiantil y del inicio de los procesos por corrupción en la UNA, el caso de Peralta no avanza debido a varios incidentes dilatorios presentados por su defensa. La audiencia preliminar al ex rector, en la que el juzgado deberá definir si habrá o no un juicio, ya se suspendió cinco veces.

María del Carmen Martínez, la ex directora de Talento Humano del Rectorado, también sigue procesada por delitos de corrupción junto a Froilán.

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La investigación en Medicina aún continúa
Tras las protestas estudiantiles en setiembre del 2015, la Fiscalía General ordenó abrir investigaciones penales en doce facultades de la UNA. El fiscal anticorrupción José Dos Santos, a cargo de la investigación a supuestos planilleros en la Facultad de Medicina, indicó que la pesquisa continúa.
En junio pasado, el fiscal imputó a Mónica Rossana Agüero Torres, ex administradora del Hospital de Clínicas, y Edison Alfredo Thomen Olazar, ex director de Talento Humano, por el hecho punible de cobro indebido de honorarios.
La imputación del Ministerio Público señala que Agüero fue nombrada docente técnico en la cátedra de Logística IV, de la carrera Instrumentación y Área Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas, desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016, con un salario de G. 3.116.800.
Asimismo, el Decanato, en fecha 13 de mayo de 2015, resolvió nombrar a Thomen Olazar en el Departamento de Nutrición, hasta el 29 de febrero de 2016, con un salario de G. 3.116.800.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que ninguno de los dos realmente dio clases en sus cátedras. Además, estudiantes de dichas materias dijeron no conocer a Agüero ni a Thomen.

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