La abogada Kattya González ha pedido la imputación del fiscal Carlos Alcaraz. Me parece razonable. En un país donde rige el principio de la igualdad ante la ley, no es justo que, por lo mismo, se trate a las personas de una manera diferente. Si los agentes de la Senad ya están imputados por el salvaje ataque contra una familia honorable, en que mataron a tiros a la niña Viviana Paredes Zanotti (3 años), hirieron al señor Alessandro Zanotti (30 años) y trataron brutalmente al señor Ulrico Zanotti, abuelo de la menor asesinada. Digo asesinada porque la imputación contra los agentes de la Senad es por homicidio doloso, y con fundamento.
Los de la Senad irrumpieron en la propiedad de Zanotti, donde él y sus familiares se encontraban el sábado pasado; iban en camionetas sin chapas y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra la camioneta de Zanotti. Dieciocho tiros alcanzaron a la camioneta, de los cuales uno hirió mortalmente a la niña y tres hirieron de gravedad a Alessandro Zanotti.
Tiraron a matar, y trataron de justificarse con que la camioneta no se detuvo. No se detuvo porque no le dieron la voz de alto, y tampoco hubiera debido acatarla: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”, dice el artículo 9 de la Constitución.
Los imputados no tenían por qué disparar contra personas que estaban en su propiedad, no cometían ningún delito, ni estaban armadas. La Constitución es bien clara: “Queda abolida la pena de muerte” (artículo 4). Dice también que toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y seguridad, y que se debe prestar especial atención en proteger a los niños contra la violencia (artículos 9 y 54). Por si no está claro, la Policía no tiene por qué ajusticiar a nadie en forma sumaria. Digo mal, porque la Senad no pertenece a la Policía, y la Constitución es bien clara en su artículo 172: la fuerza pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerzas militares y policiales. Vale decir, la Senad es absolutamente inconstitucional: no tiene ningún derecho a utilizar la fuerza contra ningún ciudadano ni, mucho menos, a matar sin ningún motivo.
¿No lo sabían los de la Senad? Es posible. Pero lo sabía, o debía saberlo, el fiscal Carlos Alcaraz, que dirigió el operativo, y dice que no vio el tiroteo, ni piensa renunciar ni tiene responsabilidad por lo sucedido. Sin embargo, el artículo 106 de la Constitución dice que ningún funcionario público está exento de responsabilidad. Responsabilidad viene de responder; responder o dar cuentas de lo que uno ha hecho.
Por cierto, aquí ocurre a menudo que un funcionario elude responsabilidades valiéndose de sus fueros, y está muy mal. Los fueros se conceden al funcionario para cumplir con su deber, y no para dejar de cumplirlos y hacer daño al prójimo.
