Es una guía de los pasos que deben seguirse para investigar denuncias por abusos a menores de edad contra clérigos y personas que trabajan en instituciones de la Iglesia Católica. En caso de comprobarse a nivel local la veracidad de la denuncia, en la Santa Sede deben definirse las sanciones según el Código Canónico.
El padre Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica, y la doctora Angelina Luna, integrantes del equipo de redacción del protocolo, explicaron en una reunión de prensa que los procedimientos establecidos para la investigación dentro de la Iglesia son en base a lo que establece el Código Canónico, y de existir una transgresión de las leyes nacionales, el caso se expondrá ante el Ministerio Público para su investigación.
“El protocolo es un documento guía que indica que es una obligación que tiene la autoridad eclesiástica para actuar ante una denuncia sobre abuso sexual de menores que involucre a clérigos o que también involucre a personas que tienen una vinculación especial con la Iglesia, por trabajar en alguna dependencia de la Iglesia o la autoridad eclesiástica”, describió el padre Velázquez.
Mencionó que cuando surja alguna denuncia sobre abuso sexual de menor que involucre a dichas personas, sea clérigo o alguien que tenga una vinculación con la institución religiosa, la autoridad eclesiástica se halla obligada a seguir inmediatamente el procedimiento fijado en el protocolo.
TRIBUNAL SUPREMO. El sacerdote describió que la segunda etapa del protocolo, si es que se comprueba lo verosímil de la denuncia, es la determinación, proceso que ya estará a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, “que actúa como tribunal supremo en nombre del Sumo Pontífice, que valora los elementos para establecer el procedimiento para la imposición de una pena”, acotó.
Cuando se inicia una investigación, el sacerdote denunciado o el laico que tiene una vinculación laboral con la Iglesia es cesado temporalmente de sus funciones hasta que termine finalmente el proceso; sin embargo, mantienen su salario y derechos sociales.
En caso de que la Congregación para la Doctrina de la Fe emita la resolución de sanción, si es un sacerdote puede llegar hasta a la expulsión del estado clerical. “También se encuentra el procedimiento penal y ordinario, que puede llegar incluso a la condena de la prisión”, dijo Velázquez.
El protocolo señala, entre otros puntos, que la Congregación es la que debe investigar las denuncias más graves contra obispos.