EFE
La esposa de Humala, Nadine Heredia, quien también ha recibido 18 meses de prisión preventiva en el proceso que se les sigue por denuncias de presunta corrupción, será llevada al penal de mujeres del distrito limeño de Chorrillos.
La pareja permaneció desde la noche del jueves en la sede del Palacio de Justicia, en el centro histórico de Lima, a la espera de que las autoridades penitenciarias decidieran los lugares en los que iban a ser recluidos.
Agentes de la PNP formaron desde la mañana de este viernes un cordón de seguridad en la puerta posterior de la sede judicial, donde se colocó una camioneta de la Policía en la que fueron trasladados Humala y Heredia, que lucían un semblante tranquilo.
Tras abandonar la sede judicial, los esposos fueron conducidos en caravana hasta un cuartel policial del distrito del Rímac, vecino al centro histórico de Lima y desde ahí serán trasladados en helicópteros hasta los penales que les han designado.
El abogado Wilfredo Pedraza, exministro de Justicia y defensor de Heredia, había pedido hoy un “trato igualitario” para el exmandatario, similar al que se da a Fujimori.
“Como abogado, hoy me preocupa que el Ejecutivo garantice la seguridad del expresidente Humala y de la señora Heredia. Invoco a la ministra de Justicia y al presidente del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario). Espero que por lo menos haya un trato equilibrado con otro expresidente”, declaró a los periodistas.
Pedraza consideró que Humala “podría acomodarse” en el penal de la Dirección de operaciones especiales (Diroes) de la Policía Nacional en el distrito limeño de Ate-Vitarte, donde está recluido Fujimori desde 2009, cuando fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Agregó que en el penal policial hay “un espacio grande” y Humala “puede acomodarse a cualquier espacio en ese lugar”.
Humala y Heredia, acusados de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, ingresaron el jueves en el calabozo del Palacio de Justicia en cumplimiento a la orden de detención preventiva por 18 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Ambos son investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero “ilícito” procedente de Venezuela para la campaña de 2006.
