“Si bien este programa empieza una larga fase experimental, no hay duda de que se irán haciendo los ajustes necesarios mientras su implementación se vaya haciendo efectiva. Tendrá seguramente errores de forma y fondo, y muchas cosas criticables, pero nadie puede dudar de que es un gran paso para la ciencia nacional. Para muchos investigadores que tantos años trabajaron en la orfandad, el Estado por fin irá comprendiendo la importancia de su labor y los premiará pecuniariamente”. Esto escribí en agosto de 2011, cuando el Conacyt implementó el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, conocido como Pronii.
En estos cinco años que pasaron, la investigación ha crecido exponencialmente en el Paraguay gracias al apoyo dado a los investigadores. Pero no solo eso: una fuerte cultura de la producción científica se ha empezado a instalar. El científico ahora investiga ordenadamente y luego produce un artículo científico donde expone sus resultados. De esto depende que siga siendo parte del Pronii. Es decir, permanecer o no en el programa depende de la calidad de su investigación, lo que se mide a través de las publicaciones del mismo en revistas especializadas y con altos estándares de evaluación.
En el ámbito científico nadie duda de que el impacto del Pronii es positivo. Es bien sabido que la ejecución de políticas públicas para el desarrollo social proviene de investigaciones en todas las áreas. Para tomar decisiones se requieren de conocimientos proveídos por científicos.
A pesar de todos estos aspectos positivos, un proyecto de ley está a punto de echar por tierra todo el Pronii, pues se pretende modificar el papel de las bonificaciones a funcionarios públicos, lo que afecta a los investigadores, ya que el incentivo que reciben fue imputado con esa figura administrativa. Quizá la ley sea buena en sí al querer impedir la corrupción que se instaló con las bonificaciones, pero al no hacer distinciones incluye a los investigadores como si fueran funcionarios públicos, algo que en realidad no son. Un simple cambio en el objeto de gasto puede revertir el daño, lo que esperemos sea entendido por la Cámara Baja, que mañana decide la promulgación de dicha ley.
La comunidad científica sospecha de malas intenciones entre los proyectistas, pues el dinero del Pronii proviene del Fonacide, fondo del cual muchos políticos se han servido para sus intereses particulares. Solo nos queda la esperanza de que los diputados que comprenden lo crucial que es el Pronii para el desarrollo de la ciencia en el Paraguay sean mayoría con respecto a aquellos que quieren llenarse los bolsillos a costa del interés general. Mañana puede ser un día negro o brillante para la ciencia paraguaya. Crucemos los dedos.
