Cazal indicó que se estudiarán los casos por orden cronológico y que todavía no recibió los antecedentes y denuncias contra los diputados que se ausentaron en la sesión donde se escogió a Enrique García como contralor y a Miguel Godoy como defensor del Pueblo, tras un acuerdo entre el oficialismo y Avanza País.
Al ser consultado sobre los mandatos de la convención, indicó que no puede adelantar su opinión, “pero es el órgano mayor y supremo del Partido Colorado, estatutariamente, si a eso le podemos llamar de carácter imperativo en el buen lenguaje de la palabra, entonces tiene el carácter imperativo”.
Señaló también que el estatuto establece sanciones. “El estatuto prevé que cualquier afiliado que obre en una conducta irregular con relación a lo que dice el estatuto como derechos y obligaciones para el afiliado, y el que incurre en una desavenencia, en una conducta irregular es pasible de una sanción y a veces hasta de una expulsión”, precisó Cazal.
“El Tribunal no va a firmar ni va a tomar posición sobre esta cuestión tanto esto no sea puesta a consideración del tribunal si ello llegara a ocurrir alguna vez y en esto hay que ser muy claro. Este no es el ámbito de la discusión política, este es el ámbito de juzgamiento y ese juzgamiento debe ser con respeto absoluto y puntilloso de las normas que rigen a todos”, manifestó por su parte Eduardo Venialgo.
Indicó que la convención es la autoridad máxima del partido, pero en cuanto al juzgamiento se tendrán en cuenta las normas superiores, como la Constitución Nacional y otras leyes.