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Opinión
jueves 5 de enero de 2017, 02:00

Guahory ñanemba’e

Por Miguel H. López | En TW: @miguelhache
Por Miguel H. Lopez

Lo que ocurre en la colonia Guahory, Caaguazú, es posiblemente el epílogo de una historia repetida en innumerables asentamientos campesinos por desidia del Estado, por la venalidad de los organismos públicos y la voracidad cómplice de las corporaciones del agronegocio.

La represión del martes, que dejó 20 heridos entre agricultores y policías y 12 detenidos, es apenas lo que se ve de un problema estructural, con raíces incrustadas en diversas instancias de los poderes del Estado.

La inexistencia de una política seria –con arraigo real– de reforma agraria está llevando a que el país pierda todos sus enclaves de producción agrícola y a legalizar –paradójicamente– lo ilegal perdiéndose soberanía territorial y alimentaria, con la criminal responsabilidad de los agentes del Gobierno.

Las tierras de Guahory fueron adquiridas en los 80 y distribuidas en los 90 a los campesinos sujetos de la reforma agraria por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Por una serie de negociaciones irregulares, engaños y coacciones, las propiedades terminaron ilegalmente en manos de colonos brasiguayos, para cultivar soja. La ley prohíbe la venta de derecheras, por lo que lo sucedido fue un acto nulo y el Estado, propietario, tiene jurisdicción y deber de pasarlas a otros campesinos dentro de su política agraria. Sin embargo, por mecanismos fraudulentos lo ilegal se legalizó (aunque nulo).

Los primeros campesinos que cedieron las parcelas cometieron un acto tan ilegal como quienes, a sabiendas de que se trataba de tierras de la reforma agraria, las adquirieron para después articular mecanismos espurios y obtener eventuales títulos, que dentro de la jurisdicción de la ley no tienen legitimidad.

Guahory hoy es un territorio invadido ilegalmente por colonos brasiguayos, a quienes extrañamente el Estado protege en contra de quienes efectivamente son genuinos sujetos de la reforma agraria.

Muchas voces tratan de justificar este hecho y aplauden la represión contra los campesinos, desalojados ya en 4 ocasiones de modo violento desde 2015. Alegan que la propiedad privada es inviolable. Afirmación relativa. La Constitución usa ese término, pero a renglón seguido dice que sí puede expropiarse por utilidad pública o interés social. La reforma agraria es de interés social y entonces esas tierras son de utilidad pública. Es falso que la propiedad privada sea sagrada. Pero, si usáramos ese argumento falaz y manipulado, de igual modo encontraremos que los reales invasores son los brasiguayos.

Hay muchas medias verdades, incluso desde algunos medios, en este asunto. Lo de Guahory no es un episodio más en la lucha por la tierra. Es un conflicto central. Es la descarnada exposición de cómo el Estado se boicotea y trata de despojarse de sus propias tierras, que son nuestras. Un acto de alta traición, de violencia pública y de criminal despojo del que es responsable el presidente Horacio Cartes por descuidar los intereses del país, de su gente y su soberanía.