Aunque la violencia contra los medios de comunicación y los periodistas se ha vuelto habitual en el Paraguay, hace tiempo que no se daba una escalada de ataques tan seguidos, como ocurrió en estas últimas semanas.
Uno de los primeros casos fue el ataque contra el comunicador radial Mario Dante, locutor de la emisora San Luis FM, de General Delgado, Itapúa, ocurrido el jueves 1 de setiembre, cuando dos hombres en motocicleta lo siguieron, efectuando varios disparos que impactaron en su biciclo, sin alcanzar a herirlo. Dante había denunciado en su programa un caso de tráfico de influencia entre autoridades municipales y legislativas.
Pocos meses antes, en marzo, otro locutor de la región, Eduardo González, de la emisora Costanera del Sur, de Carmen del Paraná, fue atacado y dejado herido al costado de la ruta, con consecuencias que lo dejaron parapléjico. El comunicador venía denunciando casos de tráfico de drogas y de presunta complicidad policial con el crimen organizado.
En la noche del jueves 8, el local del diario La Jornada, de Ciudad del Este, recibió cerca de 20 disparos realizados por un desconocido, tras una denuncia publicada sobre presunta corrupción policial. La noche antes ya habían quemado un auto estacionado frente a la misma sede del medio.
El caso más grave fue en la noche del viernes 9, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando una persona desconocida descendió desde el interior de una camioneta y arrojó una granada que explotó sobre el techo de la emisora 570 AM Radio Amambay, propiedad de la familia del actual presidente del Congreso Nacional, el senador Robert Acevedo. La explosión dañó gravemente el edificio y causó heridas a la periodista Patricia Ayala, que en ese momento se encontraba en el estudio, y al médico Raimundo Fariña, quien estaba siendo entrevistado. Al día siguiente se hallaron encima del techo otras dos granadas que no llegaron a explotar.
Los ataques se dan en un momento en que, desde el propio Gobierno se propicia un discurso hostil hacia comunicadores y políticos de oposición, en una aparente intención de propiciar una guerra política contra quienes sostengan posturas críticas.
En ese contexto, las denuncias de supuestos operativos de espionaje desde organismos militares contra periodistas que investigan casos de corrupción, o el despido de trabajadores de medios vinculados a la familia del presidente de la República, por expresar opiniones críticas en sus cuentas de redes sociales, solo agravan aun más el ambiente, poniendo en serio riesgo el universal principio democrático de la libertad de expresión.
El Ejecutivo y los demás poderes estatales deben dar señales claras y asumir acciones ante la violencia criminal, para brindar seguridad y garantizar el libre ejercicio del periodismo.
