El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 prevé destinar alrededor de USD 5 millones a los gastos reservados de varias instituciones, entre ellas una entidad que no estaba incluida en presupuestos anteriores: el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el proyecto de gastos estatales, la Presidencia de la República contará con alrededor de USD 1,2 millones, alrededor de USD 200.000 más que el año pasado, justo en época eleccionaria. También llama la atención que el próximo año se incluya al Ministerio de Justicia, que contará con casi USD 200.000.
Entretanto, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tiene presupuesto dentro del correspondiente al Ministerio de Defensa, tiene asignados para el próximo año USD 1,067 millones en concepto de gastos reservados.
Las erogaciones realizadas con esta asignación son consideradas confidenciales, por lo que no se rinde cuenta de ellos.
Los gastos reservados, conforme al clasificador presupuestario (una especie de manual que define cada una de las erogaciones que autoriza el presupuesto), están constituidos por fondos que al momento de su ejecución no necesitan de mayores justificaciones. Ello significa sencillamente que son recursos de libre disponibilidad.
El informe de los gastos reservados, por cuestiones de seguridad, solo es entregado al Congreso para un análisis posterior, pero no bien detallado. Ello, debido a que en casos como el Ministerio del Interior, el Senado o la Fiscalía se utilizan para el pago a informantes u operaciones que requieren discreción absoluta, como el acceso a datos sobre narcotraficantes u operaciones sobre contrabando, entre otros.
El cuestionamiento a los gastos reservados de la FTC es que hasta el momento su uso no posibilitó la captura de los miembros de bandas armadas que tienen en su poder a varias personas secuestradas. ¿Si hasta ahora la FTC no rescató a un solo secuestrado se justifica que siga destinando tanto dinero a informantes?
Todos los años, los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto discuten sobre la necesidad de exigir un mejor uso de los gastos reservados, pero cada periodo se repite la aprobación sin mayores exigencias. Pero es cuando hay elecciones cuando más cuidado debe tenerse sobre el uso del dinero público disfrazado de gasto reservado.
Es necesario que los parlamentarios pongan un tope al despilfarro del dinero público, otorgando menos recursos a este tipo de erogaciones. Habiendo tantas necesidades en materia de salud y seguridad, destinar tantos fondos a esto es tirar la plata del contribuyente.