Los acusados serían miembros de un grupo criminal transnacional dedicado a la Trata de Personas, que operaba desde el 2009 hasta abril del 2016 en Europa.
También se presentó acusación contra Ramón Jara Acosta (autor) por la supuesta comisión del hecho punible de obtención de beneficios por la trata, estipulado de la misma Ley 4788/12, informó el Ministerio Público. El mismo es propietario de la agencia de viajes Máster Viajes y Turismo y supuestamente se encargaba de proveer los pasajes a la organización criminal transnacional. En ambos casos, la representación fiscal requirió al Juzgado Penal de Garantías N° 6, que eleve la causa a juicio oral y público.
Los encausados Ilda y César, según las investigaciones se encargaban de la captación y traslado de las personas víctimas, desde nuestro país hasta las ciudades de Pamplona (Reino de España) y Nantes (Francia). La finalidad era la explotación sexual de las mujeres, en lugares considerados casas de citas. Las afectadas se trasladaron a Europa bajo engaño y con una supuesta propuesta laboral o de estudio. Según los datos, los procesados se encargaron de tramitar y cubrir los gastos necesarios para el traslado de las mujeres; a la vez, fueron receptores de giros de dinero enviados por miembros de la organización que operaba en el continente europeo.
El 23 de febrero de 2016, a través de la “noticia criminis” recibida del Reino de España, desde la Dirección General de la Policía y Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y la Policía Francesa, se inició una investigación proactiva conjunta sobre la existencia de un presunto grupo u organización criminal trasnacional, conformado por miembros paraguayos, españoles y franceses, que se dedicarían a la trata de personas, cuyos principales víctimas serían mujeres paraguayas.
Por otra parte, la Fiscalía acusó y solicitó el procedimiento abreviado para Miguel Pico Cabrera y Vani Gabriela Aquino de Pico por la supuesta comisión del hecho punible de obtención de beneficios por la Trata en calidad de autores. Los mismos, desde el 2013, fueron receptores de giros de dinero que provenían del grupo criminal transnacional conformado por miembros españoles, paraguayos y franceses.
