Así, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Santiago González, investigará solo los hechos de tortura que fueron denunciados por familiares de los condenados por el caso de la matanza de Curuguaty.
Con respecto a los 12 delitos restantes que fueron denunciados, ordenó que sean remitidos a la Fiscalía de la localidad de Curuguaty, donde será remitida por disposición del fiscal.
La denuncia había sido presentada por supuestos hechos de homicidio doloso, asociación criminal, tentativa de homicidio doloso, robo agravado, denuncia falsa, persecución de inocentes, frustración de la persecución y ejecución penal, prevaricato, tortura, lesión grave, inducción a subordinado a un hecho punible e invasión de inmueble ajeno.
El fiscal González Bibolini ya había citado a varias personas para prestar declaración testifical, entre ellos Martina Paredes González, hermana de los fallecidos en el caso, Luis Agustín y Fermín Paredes.
Además, citó a varias otras personas para que testifiquen en la causa.
CUESTIONADO. El punto cuestionado por los abogados defensores y organizaciones civiles es que el Ministerio Público solo investigó la muerte de los seis policías y no las circunstancias en que murieron los once campesinos en Marina Cué.
El argumento de la Fiscalía General para remitir parte de la denuncia hasta la Unidad Fiscal de Curuguaty es que los hechos denunciados supuestamente se registraron en esa jurisdicción.
Hay que recordar que el 15 de junio de 2012, en el citado lugar se realizó un procedimiento policial-fiscal que dejó como resultado seis policías y once campesinos fallecidos.
Tras el largo juicio oral realizado desde julio del año pasado, once de los campesinos procesados fueron condenados a penas de entre 30 años de cárcel y 5 de medidas de seguridad –para el principal encausado, Rubén Villalba–, hasta 4 años de encierro.
Según un informe publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que se basó en varios testimonios de personas no identificadas que estuvieron en el operativo, los policías ejecutaron extrajudicialmente al menos siete campesinos.
Este será uno de los puntos que deberán ser esclarecidos por los investigadores, según los denunciantes de los hechos punibles.
