Según informaron fuentes judiciales, los abogados representantes de varias de las empresas y contadores investigados participarán en el deslacrado de las cajas de documentos incautados en los allanamientos.
Los investigadores realizarán un inventario de todo lo incautado para determinar cuáles documentos guardan relación con la pesquisa y cuáles no. Los allanamientos fueron realizados con el fin de encontrar facturas falsas presuntamente utilizadas por empresas para reducir su carga impositiva.
De acuerdo con la denuncia presentada días atrás por la viceministra de Tributación, Marta González, 287 empresas utilizaron facturas falsas emitidas por 13 supuestos contribuyentes para evadir impuestos ante el fisco.
El monto total de las facturas falsas es 270 millones de dólares. Según el fiscal Luis Piñánez, quien está a cargo de la investigación junto a su colega Martín Cabrera, ya se comprobó que efectivamente las facturas son falsas.
Señaló que entre los 13 supuestos proveedores que emitieron estas facturas se encuentran albañiles, amas de casa y empleadas domésticas que ni siquiera sabían que estaban inscriptas en el RUC.
Una investigación preliminar realizada por la SET determinó que el nexo encontrado entre las supuestas proveedoras y las firmas que utilizaron las facturas son dos contadores: Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González. El esquema habría operado de manera continuada entre el 2010 y el 2014.
Asimismo, la Subsecretaría denunció que presuntamente cinco a seis auditores impositivos validaron las operaciones de 100 de las firmas.
La pesquisa fiscal es por los delitos de producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal.
Por la ley que establece la prejudicialidad administrativa, la Fiscalía no puede imputar por evasión impositiva hasta que esto no sea resuelto antes en el ámbito administrativo.
