Sostiene que el legislador, “ha subsumido su conducta en violaciones de preceptos constitucionales que pueden resumirse en la omisión y acción deliberada, sistemática y prolongada en el tiempo, de desacatar claras disposiciones establecidas en el estatuto partidario”.
En el documento presentado, Candia expresa que a los efectos del ámbito punitivo desde el punto de vista ético y moral, la conducta de Portillo es “típica, antijurídica y reprochable”, pues los hechos realizados los llevó a cabo en plena conciencia de sus acciones.
“Sabía que su obrar era incorrecto desde todo punto de vista ético y moral, por lo cual no tiene ninguna causal de justificación y es un profesional abogado y diputado nacional, consciente de sus actos”, remarcó.
En otro momento aclara que la unidad fiscal del PLRA solo acusa por la conducta antiética, y, si dicha conducta es causal de penas de conformidad a los estatutos, y, sin perjuicio de que el Tribunal de Conducta de considerar la existencia de hechos punibles, remita los antecedentes al Ministerio Público.
Para el fiscal azul, el tráfico de influencia es una conducta típica que castiga la ley y considera pertinente que el Ministerio Público investigue al parlamentario.
Afirmó que los audios filtrados involucran a Portillo en varias irregularidades y existen pruebas suficientes para realizar la acusación y pedir su expulsión del PLRA.
El Ministerio Público inició una investigación sobre supuestos delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal contra el legislador liberal.
