El fiscal adjunto Roberto Zacarías, por instrucción del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ordenó auditar la actuación de la agente fiscal María Teresa Ruiz Díaz en la causa que investiga el homidicio de Mauricio Alejandro Benítez Torres y que involucra a guardias de seguridad privada de la firma Protek.
El fiscal Jorge Lebedich, quien dirige la Dirección de Control de Gestión Fiscal, realizará el análisis de rigor de la carpeta abierta de investigación, a los efectos de determinar los trabajos desarrollados por Ruiz Díaz.
El mismo deberá corroborar si fue correcta la última imputación por violación de la ley de armas contra los guardias Óscar Blanco Ozuna y Julián Benítez Ojeda, y contra dos de los directivos de la mencionada firma, Luis Fernando Fretes Schinini y José Joaquín Castillo.
La misma carpeta fiscal que será auditada también fue reenviada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para su debida verificación respecto a las diligencias que fueron realizadas por la fiscala. La causa está actualmente a cargo de Jorge Noguera, a raíz de que su colega Ruiz Díaz fue recusada por supuesta parcialidad.
Por otra parte, tras un pedido de revisión de medidas, un Tribunal de Apelaciones revocó la prisión preventiva del guardia Óscar Blanco, otorgándole arresto domiciliario. El mismo estaba recluido en el penal de Emboscada, con Julián Benítez, el otro implicado en el caso.
El pasado 15 de junio, en horas de la tarde, el joven Mauricio Alejandro se desplazaba a bordo de un Hyundai i10, de color blanco, propiedad de su hermana, quien llamó a un contacto suyo en la empresa y solicitó que se recupere el auto y a su hermano para que lo lleven a su casa. Ante esta situación, los guardias de Protek siguieron el vehículo y dispararon contra el conductor Por ello, Óscar Blanco fue imputado por violación de la Ley de Armas, mientras que su compañero Julián Benítez, quien hizo el disparo, fue imputado también por homicidio doloso.
Levantan orden de detención a dueños
Debido a la recusación de la fiscala inicial, María Teresa Ruíz Díaz, fue designado el fiscal Jorge Noguera para seguir adelante con la investigación. Ante esta situación, Noguera realizó varias diligencias en el causa y una de ellas fue el pedido de levantar la orden de detención contra los directivos de la firma Protek, Luis Fernando Fretes Schinini y José Joaquín Castillo.
El pedido de la Fiscalía menciona se levanta el pedido de detención de los directivos se da, debido a que dicha medida no amerita. Ambos directivos están imputados por la figura de transgresión de la ley de armas en su artículo 94, inciso D, que indica: “El que prestare arma de fuego o permitiere su utilización por terceros, sin autorización de la autoridad competente, de cuya conducta resultare un hecho punible, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a diez años”.