De un tiempo a esta parte, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha venido endureciendo los castigos contra los proveedores del Estado que incumplen los términos contractuales en las diferentes instituciones. De acuerdo con los datos recopilados por ÚH, entre 2016 y lo que va del corriente año fueron inhabilitadas más de 200 empresas. De esa cantidad, doce han recurrido al Tribunal de Cuentas del Poder Judicial y obtuvieron medidas cautelares para dejar sin efecto la disposición de la DNCP, lo que les permitió poder concursar en nuevos llamados. Gracias a ese respaldo, seis compañías han podido facturar más de G. 70.000 millones al Estado.
Estas firmas son Allianz Worldwide Care SA, Dan y Kar SA, Alberto Raúl Palumbo Zaldívar, Tecmont SA, Óscar Osvaldo Zaracho Méndez y Hugo Alcides Sanabria Lezcano (ver infografía). Las primeras dos sufrieron la anulación de sus contratos por sendas faltas, pero el Tribunal les concedió la posibilidad de ejecutarlos. Allianz WWC con el Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que Dan y Kar con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
En el caso de Palumbo Zaldívar, este proveedor obtuvo cuatro nuevos contratos, tras la medida cautelar y el monto total supera los G. 8.642 millones. El Ministerio del Interior (Policía Nacional), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la ANDE y el Congreso Nacional fueron los contratantes.
La compañía Tecmont fue adjudicada en dos licitaciones por la ANDE y el monto general de los contratos sobrepasa los G. 26.000 millones.
MÁS casos. El proveedor Zaracho Méndez fue contratado por el Hospital Nacional (Centro Médico Nacional) y su nuevo contrato fue por G. 9.059 millones.
Finalmente, Sanabria Lezcano fue adjudicado en un llamado de la Gobernación de Central y el contrato fue por más de G. 6.221 millones.
El plazo promedio de las inhabilitaciones fue entre 3 a 6 meses. De hecho, Contrataciones Públicas puede suspender a un proveedor hasta por 3 años si la falta fue muy grave. No obstante, según se puede observar, las cuatro empresas que tuvieron nuevas adjudicaciones levantaron sus inhabilitaciones en solo un mes, gracias al Tribunal de Cuentas.
En todos los casos la DNCP realizó las apelaciones correspondientes, pero, según explicaron técnicos de la entidad, pese a que la Justicia termine dando la razón a Contrataciones, ya no hay efecto retroactivo una vez que se adjudicaron los contratos bajo la medida cautelar. Es decir, si los proveedores ya cobraron esos importes, nada más se puede hacer. Solo quedan inhabilitados para futuros llamados.
Existe malestar en el seno de Contrataciones Públicas, puesto que los sumarios llevan mucho trabajo y el Tribunal deja sin efecto sus disposiciones con sus cuestionadas resoluciones.
Vale remarcar que muchas empresas se conforman solamente para vender al Estado y no tienen negocios en el ámbito privado.
AUMENTAN los NÚMEROS. Son dos los castigos que puede imponer la DNCP: amonestación e inhabilitación. Según sus estadísticas, en el 2013 se realizaron 130 investigaciones a los proveedores, cifra que creció a 381 en el 2014 (193% de aumento), a 472 (24%) en el 2015 y a 769 (63%) en el 2016. En lo que va del año, se desarrollaron 195 inspecciones.
En referente a las sanciones, hace cuatro años totalizaron 61, mientras que en el 2014 subieron a 87 (43%), a 143 (64%) en el 2015, en el 2016 se registraron 192 (34%) y en el 2017, hasta la fecha, hubo 81 sanciones.
Finalmente, las inhabilitaciones fueron 35 en el 2013, 69 (97%) en el 2014, 96 (39%) en el 2015, 148 (54%) el año pasado, mientras que este año se contabilizaron 69.
