La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no ve impedimento para que la firma Agro Industrial San Juan SRL, que es administrada por sobrinos del vicepresidente de la República, Juan Afara, contrate con el Estado. Sin embargo, el conflicto de intereses es evidente, ya que facturó millonarios montos durante el actual periodo de gobierno.
La empresa facturó al Estado unos 8.640 millones de guaraníes (un millón y medio de dólares, al cambio actual). Fue adjudicada con seis licitaciones públicas, cinco de ellas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), principalmente por trabajos en el sistema de distribución de electricidad y una del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
A partir de junio del 2012, la firma comenzó a ganar licitaciones y a facturar millonarios montos al Estado. Una de las últimas adjudicaciones de Agro Industrial San Juan fue en octubre de 2014, para la ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda media y baja tensión en varios departamentos. Por este contrato, llegó a cobrar G. 3.111.159.782 a la ANDE.
Para Contrataciones, los contratos firmados con la empresa ligada al segundo del Ejecutivo no son ilegales.
“Si el funcionario vinculado a la empresa oferente no participa en el procedimiento de contratación ni pertenece a la entidad que convoca el llamado, la sociedad no se encontraría inhabilitada ni sería ilegal su adjudicación”, expresa parte de un comunicado de la DNCP remitido a ÚH.
No obstante agrega que se encuentra a consideración del Poder Legislativo, un proyecto de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, elaborado y presentado en el año 2015. De acuerdo con la institución reguladora, el mencionado proyecto de ley tiene la finalidad de llenar las lagunas legales, y regular con mayor claridad la prohibición de participación de funcionarios públicos que pudieran tener un conflicto de interés en atención al cargo que ostentan, así como la participación de empresas vinculadas a estos.
FAMILIAR. Agro Industrial San Juan SRL fue constituida en el año 1987 y era administrada por Juan Afara y sus familiares. El 24 de setiembre del año 1993, estos cedieron sus derechos sobre la empresa a favor de cinco personas; entre ellas, quien actualmente ejerce la defensa de Afara.
Se trata del abogado Miguel Ángel Brítez Pereira, un funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, comisionado en la Vicepresidencia de la República, donde se desempeña como asesor jurídico.
Según el profesional del Derecho, la empresa se volvió a transferir en el 2008, año en que Afara fue electo y asumió como gobernador del Departamento de Itapúa.
Negó que pueda existir tráfico de influencia alguno en las licitaciones adjudicadas a Agro Industrial San Juan SRL.
Dueños. En documentos a los que accedió ÚH aparecen como actuales propietarios de la Agro Industrial los hermanos Ricardo Nayib y José Said Yunis Afara, hijos de la hermana del vicepresidente, Victoria Afara. Sin embargo, ex trabajadores de la Agro Industrial y vecinos de la zona aseguraron que la empresa en realidad pertenece a Juan Afara.
Otra Firma. La empresa Kokue Poty de Transporte y Servicios Agrícolas Electromecánicos SRL, administrada por la esposa de Afara y concejala de Tomás Romero Pereira, Luz Marilda Argüello, también es contratista del Estado. En febrero de este año fue adjudicada por la Municipalidad de Natalio para la provisión de piedra para pavimento asfáltico. Según la web de Contrataciones Públicas, la firma aún no recibió el pago por la provisión.
