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Opinión
domingo 5 de febrero de 2017, 01:00

Extorsión judicial

Guido Rodríguez Alcalá
Por Guido Rodríguez Alcalá

Hace varios años, sucedió el caso que menciono sin dar los nombres reales.

El señor A encontró la firma del señor B en el plano de una casa (B era arquitecto) y la usó para crear una deuda falsa: Pagaré al señor A la suma de X guaraníes. Cuando llegó el vencimiento del pagaré falso, A le reclamó el pago a B. ¿Qué pasó? Que B no le pagó nada y A se fue preso por estafa.

Cambiando lo que se debe cambiar, se utilizó el mismo esquema delictivo en el caso de Gustavo Gramont Berres. Falsificando documentos, Gramont creó una deuda falsa a cargo del Estado paraguayo. (Entre los documentos falsificados estaba el documento de identidad de Gramont, que se llamaba Levy). ¿Qué pasó? Cuando llegó el vencimiento de la falsa deuda, quisieron cobrársela al Paraguay. ¿Fue un señor A? ¡No, fue un país soberano y amigo! ¡Porca miseria!

El engaño se fraguó en tiempos de Stroessner, sin que lo supieran él ni sus colaboradores.

Cayó Stroessner en 1989, y llegó la reclamación del Gobierno italiano en 1990: el cónsul paraguayo en Ginebra, Gustavo Gramont Berres, recibió dinero prestado de un consorcio de bancos europeos presidido por el Overland Trust Bank (OTB); Gramont no pagó la deuda a su vencimiento y corresponde que la pague el Gobierno paraguayo, puesto que avaló la deuda de Gramont.

Nuestra Cancillería contestó: (1) que el Paraguay nunca le dio ninguna garantía a Gramont; (2) el Paraguay nunca le concedió facultades a Gramont para comprometerlo; (3) el Paraguay, para asumir la responsabilidad de una deuda, requiere la aprobación del Congreso, que no la dio y ni siquiera sabía del asunto; (4) hubo fraude en todo el manejo del asunto.

Esto último se comprobó cuando Gramont, requerido por la Justicia norteamericana, suiza y paraguaya, fue extraditado a nuestro país, donde fue juzgado.

En el juicio se comprobó que él había recibido una comisión de varios millones de dólares por su participación en la maniobra. No sabemos cuánto recibieron sus cómplices italianos Francesco Nicoletti y Roberto Ruberti, también presos y procesados.

Nicoletti era el gerente del OTB, quebrado fraudulentamente, y sabía que Gramont no tenía el aval del Paraguay, porque se lo dijo el Ministerio de Relaciones suizo; si le concedió dos créditos que rondaban los 90 millones de dólares sin ninguna garantía válida (p. e., una hipoteca), fue con mala fe. Roberto Ruberti era el presidente de la SACE, empresa gubernamental italiana que asegura las operaciones de empresas italianas en el extranjero; las asegura contra los riesgos imprevistos (p. e., confiscaciones), pero en este caso aseguró al OTB contra su propio fraude.

Después de pagarle al OTB, le reclamó lo pagado al Paraguay, aunque un tribunal italiano hubiese decidido: el Paraguay no debe pagar.

Después de encarcelado Ruberti, la SACE siguió reclamándonos el pago en tribunales internacionales: primero en Suiza y ahora en los Estados Unidos.

Ahora un juez norteamericano, sin tener ninguna jurisdicción, estudia el caso y puede condenarnos a pagarle a la SACE el monto de la estafa de Gramont, Nicoletti y Ruberti, más gastos judiciales. Por lo visto, no solo en el Poder Judicial paraguayo hay trampas.