En la citada fecha, fue la fiscala anticorrupción Josefina Aghemo quien imputó a José Luis Salomón Bittar y Ángel Trinidad Fernández por una presunta lesión de confianza, tras ser denunciados por el propio Ministerio de Industria y Comercio.
De acuerdo a lo que refiere el escrito de imputación, el 12 de octubre de 2012, por medio de la resolución N° 1075 el ministro de Industria y Comercio (MIC) resolvió adjudicar a la empresa Metalúrgica Fernández SACI, por un monto total de G. 2.671.000.000, para el programa de fortalecimiento del sector microempresarial. Debían de dotar de motocultores necesarios para optimizar la preparación del suelo, facilitando y agilizando el trabajo del pequeño agricultor.
Las asociaciones beneficiadas serían 59 y la cantidad de monocultores a ser adquiridos serían 79. El pliego de bases y condiciones junto con el contrato establecían que la entrega, puesta en marcha y capacitación para el uso correcto de los monocultores debían estar a cargo de la firma adjudicada Metalúrgica Fernández. Sin embargo, las obligaciones mencionadas no habrían sido cumplidas.
En cuanto al costo operativo de entrega y traslado de los monocultores, el ente estatal habría utilizado los vehículos y recursos de la institución, como así también en algunos casos incluso fueron los propios beneficiarios quienes se encargaron de retirarlo, asumiendo los costos del traslado. Finalmente, la imputación resalta que los monocultores entregados a las asociaciones de agricultores en su mayoría no funcionaron.
Medidas antes que la cárcel
Las medidas de la suspensión condicional de procedimiento para Salomón Bittar es de dotar de un monocultor a la escuela Técnica Agromecánica de Caacupé, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mientras que Ángel Fernández también tiene la obligación de donar un monocultor, que será destinado al Ministerio de Industria y Comercio. Para ambos también hay otras medidas que tienen que cumplirse ante el Juzgado.