A plena luz del día, en un poblado sector del barrio Republicano de Asunción, una camioneta en la que viajaban tres personas a la siesta del último lunes fue interceptada por otro vehículo, del que descendieron hombres armados que realizaron aproximadamente 60 disparos con armas automáticas, asesinando a los ciudadanos brasileños Pablo Jacques y Milena Suares Bandeira, dejando viva a la tercera ocupante, la también brasileña Mirellis Suares.
Esta escena, que habitualmente suele ocurrir en localidades ubicadas en la región fronteriza del Paraguay con el Brasil, esta vez sucedió en plena capital, lo cual lleva a interpretar que la acción de los llamados sicarios o asesinos a sueldo de los capos mafiosos se está extendiendo cada vez más a otros puntos del país, llegando en este caso a la propia capital.
La presunción de las propias autoridades policiales, de que el caso está relacionado al narcotráfico, ya que el hombre asesinado es amigo cercano del conocido capo fronterizo Jarvis Chiménes Pavão, a quien fue a visitar en su prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, también indica que se está dando una expansión territorial cada vez más acentuada de las estructuras del crimen organizado.
La versión de que los sicarios serían integrantes de la conocida organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), solo enfatiza la misma teoría de que la guerra de las bandas armadas fronterizas ya no tiene un territorio determinado y puede ocurrir en cualquier punto del territorio nacional, poniendo en riesgo la vida de cualquier ciudadano o ciudadana de la República.
El terrible asesinato ocurrido en el popular barrio Republicano debe despertar la alarma de toda la sociedad, y en especial de las autoridades del Gobierno y las demás reparticiones estatales, para tratar de devolver seguridad y protección a la ciudadanía.
No solo corresponde que la Policía, la Fiscalía y la Justicia aclaren este horrendo crimen que sobresaltó a los pobladores, encarcelando a sus autores materiales y morales, sino que las más altas instancias del Estado deben intervenir con mayor énfasis con medidas enérgicas para evitar que el Paraguay se transforme en un narcoestado, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en otras sociedades latinoamericanas.
La expansión del narcotráfico y su vinculación con la política solo pueden cortarse si se desarrolla una verdadera conciencia de gran parte de la sociedad, principalmente de los dirigentes políticos y sociales, acerca del grave peligro que implica dejar que los criminales se vayan apoderando cada vez más de las estructura del poder político y económico, decidiendo sobre la vida y la muerte de las personas con total impunidad. Aún hay tiempo de frenar esta peligrosa expansión criminal.