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Opinión
martes 18 de octubre de 2016, 02:00

Es imperativo poner fin a la gran corrupción en la Policía

El escándalo provocado por el caso de la empresaria y diseñadora Tanya Villalba, quien denunció haber sido víctima de un intento de extorsión por parte de efectivos policiales de la Comisaría 11ª Metropolitana, quienes supuestamente le plantaron 315 gramos de cocaína en el interior de su automóvil, ha puesto nuevamente en relieve el alto grado de corrupción que afecta a la Policía Nacional. El hecho es sumamente grave, ya que disminuye en gran medida la credibilidad y confianza que la ciudadanía debe mantener en la principal fuerza de seguridad encargada constitucionalmente de brindar seguridad y protección. Es imperativo redoblar los esfuerzos desde el Gobierno y los demás poderes del Estado por erradicar a los delincuentes con uniforme.

A pesar de los reiterativos discursos del comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, y del ministro del Interior, Francisco De Vargas, en el sentido de que se están adoptando medidas para limpiar y sanear al cuerpo de seguridad, se siguen conociendo numerosas denuncias sobre casos de corrupción y delitos cometidos por efectivos policiales.

El caso más reciente, denunciado por la joven empresaria y diseñadora de calzados Tanya Villalba, ha provocado un verdadero escándalo e indignación en la ciudadanía, debido a la gran cantidad de irregularidades evidenciadas en la actuación de los uniformados, al punto en que el oficial primero Gustavo Narváez, el suboficial segundo Arnaldo Lezcano y la suboficial ayudante Petrona Ovelar, incluyendo el propio jefe de la Comisaría 11ª Metropolitana, comisario principal Sergio Paredes Vera, acabaron siendo imputados por posesión de drogas, coacción grave, privación de libertad, simulación de un hecho punible, cohecho pasivo agravado y producción.

Aunque el hecho aún está en plena fase de investigación, lo que se pudo revelar hasta ahora sobre este resonante caso demuestra en qué medida un ciudadano o una ciudadana están expuestos a ser víctimas de un hecho ilícito cometidos por quienes justamente deberían dedicarse a prevenirlos y a combartirlos debidamente. La manera en que la joven empresaria fue seguida, detenida y llevada hasta un callejón desolado, en una zona cuya jurisdicción ya no correspondía a su comisaría, y en donde supuestamente la incriminaron dejando un paquete con drogas dentro de su auto, revelan la impunidad con que agentes de la ley violan los procedimientos que deberían defender y hacer cumplir.

Este caso se suma al de muchos otros denunciados de abuso policial, entre ellos el procedimiento en que otros uniformados de la Comisaría 4ª Metropolitana persiguieron al joven Richard Pereira, el pasado 13 de agosto, solo porque supuestamente lo vieron "en actitud sospechosa" y, a pesar de hallarse desarmado y no haber cometido ningún delito, le dispararon cobardemente en la nuca, dejándolo parapléjico.

Estos hechos resultan sumamente graves, ya que reducen en gran medida la credibilidad y la confianza que la ciudadanía debería mantener en la principal fuerza de seguridad encargada constitucionalmente de brindar seguridad y protección. Si los policías actúan como delincuentes, ¿a quién recurrir para pedir ayuda? La cuestión resulta aun más preocupante cuando altos jefes policiales aparecen complicados en los hechos delictivos, demostrando que la corrupción es parte de todo un sistema dentro de la institución.

Es imperativo redoblar los esfuerzos desde el Gobierno y desde los demás poderes del Estado por erradicar a los delincuentes con uniforme. Solo así se podrá devolver la confianza de la ciudadanía en la Policía.