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Opinión
martes 22 de agosto de 2017, 02:00

Encubrimiento agravado

Por Enrique Vargas Peña
Por Enrique Vargas Peña

A medida que se van conociendo más datos sobre cómo los fiscales, encabezados por Javier Díaz Verón, omiten elementos fundamentales para esclarecer la responsabilidad penal de quienes dieron las órdenes de reprimir con la máxima fuerza posible a los defensores de nuestra Constitución, va quedando claro que están tratando de encubrir a personas en el Gobierno y en su entorno.

Omiten esos elementos porque el Código Penal establece que son sujetos de acción penal los autores y los partícipes de los hechos punibles (art. 14, inc. 9) y que los partícipes son los instigadores y los cómplices (art. 14, inc. 10) y que son punibles los que realizaran el hecho obrando por sí o valiéndose de otro para ello (art. 29, inc.1) y los que induzcan a otros a realizar un hecho antijurídico doloso (art. 30).

Resulta obvio, pues, que los fiscales están tratando por todos los medios a su alcance de impedir que se conozca y se esclarezca cualquier vínculo o conexión que conduzca a conocer y a someter a la justicia a los instigadores de la represión de los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

Durante los últimos días, los medios de nuestro grupo de comunicaciones han dejado en evidencia que la Policía Nacional ocultó, o borró, o no realizó, una parte de la transcripción de las conversaciones mantenidas por los jefes policiales en la frecuencia policial durante los hechos ocurridos en dichas fechas, específicamente la que debía registrar el momento del ingreso de los agentes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde se produjo el asesinato de Rodrigo.

"No se tienen los datos de casi media hora de comunicaciones que se dieron entre el director de Orden y Seguridad, comisario general Luis Cantero y los subalternos, como el comisario del área metropolitana comisario principal Hermógenes García; el jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana Amado Cantero; y de la 7ª, comisario principal Carlos Cáceres. El documento presentado contiene las transcripciones desde la 00:00 hasta las 01.47, con el faltante de 32 minutos, ya que el audio se interrumpe desde las 00.25 horas y recién se normaliza a las 00.57, obviando la hora exacta en que los agentes irrumpen el local partidario, a las 00.34, cuando además dieron muerte al joven dirigente liberal..." (http://bit.ly/2xdiqlO).

"Desde las 00.57 se escucha la conversación entre el jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana... Amado Cantero, con el director de Orden y Seguridad... Luis Cantero... Posteriormente, el propio Luis Cantero ordena al jefe policial del Área Metropolitana, Hermógenes García, no ingresar. Es esta parte del audio la que el propio viceministro de Seguridad, Ariel Martínez, había presentado como prueba de que las órdenes eran las de no entrar al PLRA" (http://bit.ly/2xdiqlO).

La Policía Nacional asaltó la sede del PLRA a las 00.34 del 1 de abril, asesinando a Rodrigo, pero las transcripciones se interrumpen minutos antes y se reinician más de veinte minutos después, cuando la muerte de Rodrigo ya era conocida, con el efecto de hacer creer que había una orden distinta, dada después de las 00.57, a aquella en cuya virtud se desarrolló el asalto.

La conferencia de prensa de ayer del comandante de la Policía Nacional solamente sirvió para confirmar que sí manipularon los datos (dividiendo la presentación de los mismos en dos) y que la empresa que maneja el software mintió sobre la clase de garantía que presta acerca de la inviolabilidad de los registros.

Si lo anterior se suma al evidente monitoreo de las operaciones que realizaban telefónicamente las personas en el gobierno y en su entorno durante esas horas cruciales, se puede entender fácilmente por qué Cantero dio una orden de no ingresar al PLRA mucho después de que alguien haya ordenado que se ingrese.