En el Senado se dieron a conocer algunas sanciones aplicadas contra funcionarios con ausencias injustificadas y consecutivas.
Las medidas administrativas fueron dispuestas por el titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, luego de que se hayan ordenado sumarios.
Varias son las causales que pesan sobre los funcionarios en falta, pero en su mayoría tienen que ver con rabona (ausencias consecutivas en su lugar de trabajo).
Una de las medidas más drásticas fue la destitución de Pedro Javier Bogado Mendoza, quien fue acusado por el robo de libros. También se dio una renuncia tras el sumario por reiteradas ausencias de Eduardo Javier Valiente Dávalos, la cual fue aceptada.
Dos funcionarios están suspendidos por 15 días sin goce de dieta por faltar reiteradamente al Congreso.
Se trata de Édgar Rigoberto Acosta Chaparro y Fabio Araújo Gómez. Ambos fueron acusados por abandono de cargo. Uno se desempeñaba como auxiliar y el otro era técnico.
También están con sumario, pero aún sin ninguna sanción Rodrigo Marcelo Morel, denunciado por agresión verbal y acoso, y Antonio Ramón Galeano García, por ausencias.
En la lista también hay suspendidos en el cargo: César Ramón Galeano Ávalos, por robo de cajeros, y Julio Antonio Acevedo Hauron. Este último fue ex director de Tacumbú y durante su gestión hubo un caso de pornografía de niños y adolescentes, y coacción.
Varios funcionarios informaron que suelen ver a Acevedo marcando a tempranas horas en el Senado y luego retirarse. En el área administrativa explicaron que mientras esté suspendido no puede percibir su salario ni ningún otro beneficio.
Descuentos. A mediados de noviembre de este año se dio a conocer una planilla de descuentos a funcionarios que se ausentaron sin ningún tipo de permiso en el Congreso.
Se habla de un total de 333 que faltaron a su lugar de trabajo en forma reiterada, y que el descuento a los salarios de los mismos fue un poco más de G. 420 millones.
Marito había pedido un dictamen a la Asesoría Jurídica sobre las medidas que podía aplicar a los raboneros.
Recibió como respuesta que además de las multas, corresponden las sanciones, que deben darse luego de un previo sumario administrativo.
El titular del Congreso también revocó una polémica resolución que había sido implementada por su antecesor Jorge Oviedo Matto, del Unace, quien exoneraba de la marcación a los funcionarios de niveles superiores.
Inmediatamente, a través de otra resolución, dispuso la obligatoriedad del registro de asistencia de todos los funcionarios tanto del Congreso como de la Cámara Alta.