En el Congreso se están finiquitando los informes correspondientes a la evaluación de los funcionarios, y de hecho días pasados ya salieron a luz algunos datos sobre medidas implementadas por Mario Abdo Benítez, presidente saliente de la institución.
La Dirección de Recursos Humanos, que está interinada por Miriam Arroquia, está ultimando los detalles del documento que debe ser entregado en los próximos días para definir otras acciones.
De acuerdo a las informaciones que se manejan, las decisiones que se fueron tomando se tienen en cuenta en base a la evaluación y sugerencias del CAES (Centro de Adiestramiento en Servicio).
Trascendió que tanto senadores como los propios funcionarios están disconformes con el trabajo elaborado por esa institución dependiente de la Facultad de Economía.
La solicitud de evaluación a funcionarios nombrados y contratados del Senado y del Congreso se había llevado adelante a pedido del entonces presidente del Congreso, el liberal Blas Llano.
Recayó en el CAES dentro del marco de un convenio y el trabajo le costó al Senado G. 550 millones, luego de que dos llamados a licitación finalmente quedaron sin efecto.
un resumen. Entre los datos que ya se dieron a conocer públicamente por el Senado, se menciona una reducción en la cantidad funcionarios.
Tal es así, que de 1.407 que había detectado el CAES, actualmente existen 1.297, es decir hay 110 menos.
Marito decidió aplicar sanciones a los funcionarios por llegadas tardías, ausencias y falta de marcación tanto de entrada como de salida.
Entre los meses de marzo, abril y mayo los descuentos alcanzaron a 761.
Se reveló además que 55 funcionarios fueron reubicados de acuerdo a su perfil, y que algunos de ellos estaban sin funciones desde hace 4 años.
Se decidió la supresión de dos de las siete direcciones dependientes de la Dirección de Recursos Humanos, y la designación en el cargo de César Javier Sánchez Valdez, quien asumirá el 1 de julio.
Días atrás, Marito firmó resoluciones en las que resolvió eliminar 26 cargos que estaban vacantes, e informó al Ministerio de Hacienda que no se ejecutarán los G. 3.000 millones que estaban previstos para que una televisión propia de la Cámara Alta.
Alrededor de 50 funcionarios están sumariados, y cabe recordar que también hay imputados por incidentes que se registraron el 1 de marzo pasado, en el que se intentó impedir que asuma Arroquia.
Según Recursos Humanos, 1.213 funcionarios se ausentaron de enero a mayo, y alegaron motivos de salud. La mayoría alegó que tenía problemas de gastritis y gastroenteritis. Además se prevé una auditoría por fallas en el reloj biométrico de marcación.
