Sonia Ramona Riveros dejó el centro penitenciario Casa del Buen Pastor el pasado jueves 17 de mayo, tras intervención de la Defensoría del Pueblo. Guardaba reclusión estando embarazada de siete meses y a la espera de gemelos, y la ley prohíbe esta situación.
Sonia ingresó al sistema penitenciario el 29 de marzo, cuando su embarazo ya estaba bastante avanzado. Esto prohíbe el Código Procesal Penal en su artículo 238, que establece que no se puede decretar la prisión preventiva de mujeres en sus últimos meses de embarazo.
Aún así, el Juzgado decretó su prisión preventiva por un caso de tenencia de drogas. A raíz de esto permaneció cerca de dos meses encerrada.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, recordó que tuvieron conocimiento del hecho durante una de las visitas realizadas al Buen Pastor para interiorizarse de la situación procesal de las internas. Dijo que le llamó la atención la figura de Sonia y se acercó a preguntar sobre su situación.
Con policía. Según Godoy, la mujer le relató que mantuvo una discusión con un vecino suyo, que es agente policial, en Campo 9, Departamento de Caaguazú, de donde es oriunda. Le aseguró ella al defensor que este hombre llegó a su vivienda y le plantó la droga en uno de los rincones. Luego allanaron la casa y hallaron 18 gramos de marihuana. Con estas pruebas, dijo, el fiscal Osvaldo García la imputó por tenencia de estupefacientes.
La mujer reconoció ser de condición humilde y le manifestó ganarse la vida vendiendo yuyos y atendiendo una pequeña despensa; con ese esfuerzo sostiene a una hija, además de los dos bebés que está esperando.
El juez Rafael Baranda, de Caaguazú, dispuso que la imputada sea beneficiada con medidas alternativas a la prisión mientras dure el proceso.
De acuerdo a datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 63% de las mujeres privadas de libertad en el Buen Pastor están por el delito de tenencia sin autorización de estupefacientes.