29 mar. 2024

El PLRA, sinónimo de las malas noticias

El PLRA, el principal partido de oposición, viene siendo noticia hace tiempo. No por sus posiciones políticas en temas claves del país sino por el comportamiento cuestionable de sus representantes en diversos estamentos.

El liberalismo, de coraje actuación durante el stronismo, era el partido con mayor fuerza electoral para enfrentar al Partido Colorado en la posdictadura. No pudo ganarle una sola elección presidencial pero sí logró posicionarse en el Parlamento, en las gobernaciones y municipios. Pero desde esos espacios de poder en vez de trabajar con transparencia, honestidad y eficacia, fue una mala copia de los peores vicios del Partido Colorado.

En el breve tiempo que dirigió los destinos del país, tras el juicio político a Fernando Lugo y la asunción del vicepresidente Federico Franco, empeoró la imagen y el PLRA ya no puede flamear la bandera de la honestidad.

Gracias a la construcción del poder electoral, sigue siendo el primer partido de oposición, aunque para llegar a la presidencia de la República y el municipio de Asunción tuvo que relegar su espacio para convertirse en apoyo clave por su capacidad de movilización, infraestructura y ejército que no tiene otro partido de oposición. De hecho, la victoria de Fernando Lugo (2008) y de Mario Ferreiro (2015) fue posible gracias a la alianza con el PLRA.

MALAS NOTICIAS. A las decenas de denuncias contra liberales que ocuparon cargos públicos, por tener en cuenta este último tramo, valen destacar tres temas: escándalos de corrupción en la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Justicia Electoral. Desde mediados del año pasado, el PLRA es el punto de mira por la corruptela de sus dirigentes.

Estos tres casos demuestran que no honran al partido. En la Contraloría y en la Defensoría ejercen los roles secundarios desde donde podían cuestionar y corregir los desmanes presupuestarios de sus titulares. Pero no: la subcontralora Nancy Torreblanca, quien renunció ante su inminente destitución vía juicio político, no solo hizo la vista gorda al carnaval de estafas en viáticos y sobresueldos de la era de Óscar Velázquez, sino además creó un negocio paralelo de juez y parte para lucrar desde el organismo de control.

La Defensoría del Pueblo, quizá una de las instituciones más nobles del Estado, es una más en la lista de desmanes del uso del dinero público. El perpetuo titular Páez Monges tiene serios cuestionamientos en su gestión, denunciados por la prensa, pero nunca alertados por el subdefensor liberal Édgar Villalba, de gestión gris y cómplice por acción u omisión.

El caso más emblemático sin dudas es el de Alberto Ramírez Zambonini, ministro de la Justicia Electoral. Desde que estalló el caso Manuel Radice y sus esposas planilleras mantenidas, el magistrado está en el ojo de la tormenta.

Ramírez Zambonini es el ministro más antiguo y está en el cargo desde la creación del TSJE en 1992. Es uno de los tres arquitectos del sistema electoral, muy eficaz, pero muy corrupto. En grosera connivencia con los partidos políticos el TSJE fue construyendo esa maquinaria insaciable del despilfarro del dinero público. El caso Radice es el súmmum de este privilegiado modelo prebendario, clientelar y discriminador.

Ramírez está imputado por este escándalo y con un juicio político en ciernes que será ejecutado cuando su partido ya no pueda defenderlo.

Otro affaire liberal en el TSJE es la denuncia contra el diputado Gustavo Cardozo, otro que resolvió sus finanzas personales con dinero público. El parlamentario admitió que ubicó en la Justicia Electoral a su esposa Íngrid, a la hermana de su esposa, Ema Engelwart y a su sobrina Violeta Martínez Cardozo. Todas ellas ingresaron con el cargo de asesora. Obviamente no trabajan.

Siguiendo con el golpe al partido, un intendente liberal fue recientemente imputado por lesión de confianza. Horacio Ortiz, de Ypané, está bajo la lupa fiscal porque habría malversado fondos del Fonacide que recibió en el periodo pasado. Son G. 1.700 millones que debían ser destinados a educación de forma exclusiva y se presume que el jefe comunal gastó gran parte del dinero en obras y salarios.

Fonacide, otra caja grande ideada para paliar el déficit educativo, y que va a los bolsillos de los intendentes impunemente.

EL DESAFíO. El PLRA no puede permanecer en silencio ante estos escándalos. Ya no convence su discurso de que los colorados son peores o que hay persecución política de la Justicia.

Si quiere ser alternativa en el 2018, debería empezar a mirarse y corregir sus errores, extirpar sus tumores.

De lo contrario, deberá conformarse con el papel segundón que ya viene haciendo para los cargos clave.

Una lenta agonía de un partido que por el apetito voraz de su dirigencia dejó escapar la oportunidad de ser alternativa electoral.

¿Tendrá tiempo para reivindicarse?

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