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Política
jueves 15 de septiembre de 2016, 02:00

El MOPC perdonó a una empresa más de G. 424 millones de multa

La Contraloría General de la República (CGR) observó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la falta de cobro de multa a la empresa EDB Construcciones SA por el monto de G. 424.588.535 debido a retrasos en obras adjudicadas para la rehabilitación y pavimentación del tramo Santa Rosa de Aguaray-Capitán Bado.

Si bien el ente contralor constató que parte de los retrasos se debieron a la falta de liberación de la franja de dominio por parte del MOPC, los auditores constataron retrasos atribuibles a la firma constructora mencionada, única de las cuatro adjudicadas que sufrió retrasos de un 43% de las obras al mes de noviembre del 2015.

OBSERVACIONES. En el Informe Final del examen realizado al MOPC, la firma EDB aparece con la observación de problemas con sus cuadros de coeficientes de ajustes en el contrato firmado, y posteriormente se le es señalada la falta de aplicación de multas.

“El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no aplicó la multa de G. 424.588.535 a la empresa EDB Construcciones por atrasos en el avance de las obras, informados por el fiscalizador a partir del certificado del mes de agosto a diciembre, incumpliendo lo establecido en el pliego de bases y condiciones del llamado MOPC Nº 123/12 Licitación Internacional de Firmas Constructoras para la ejecución de la obra de rehabilitación y pavimentación del tramo Santa Rosa de Aguaray-Capitán Bado... Incluso cuando en el mismo pliego se establece que si la empresa finaliza la obra en tiempo dichas multas serán devueltas”, señala en la conclusión de los auditores.

La entidad contralora exigió al MOPC hacer cumplir las cláusulas punitorias establecidas en sus pliegos de bases y condiciones de manera a obligar a las empresas contratistas a poner mayor esfuerzo para culminar en tiempo los trabajos.

Así mismo, la Contraloría instó a Obras Públicas a que inicie una investigación sobre el caso de manera a deslindar responsabilidades y aplicar sanciones a los intervinientes de acuerdo con las normas legales vigentes, acciones que deberán ser posteriormente informadas al organismo superior de control.