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Opinión
martes 6 de diciembre de 2016, 02:00

El golpe de Estado

Por Enrique Vargas Peña
Por Enrique Vargas Peña

Si fuera por Horacio Cartes, sus gerentes y sus operadores políticos, tirarían nuestra Constitución a la basura: si hay algo que demostraron ya es que nuestra Carta Magna les molesta, les disgusta, les estorba y no se sienten a gusto sometidos a ella y hacen todo lo que está a su alcance para reducirla a su medida. Creo que nadie se animaría a decir que a Cartes le gusta nuestra Constitución.

Buscan violarla con la reelección vía enmienda con la complicidad de parlamentarios sometidos a Horacio como los diputados nazis a Hitler, cuando les ordenó violar la Constitución alemana con la ley habilitante de marzo de 1933.

Como eso no les está saliendo, ahora buscan violarla vía sistema judicial, mediante acciones protagonizadas por el supuesto opositor Fernando Lugo (propaganda engañosa y certeza constitucional) para emular no ya a la dictadura hitleriana, sino a la dictadura nicaragüense del líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega.

Como Cartes, el líder sandinista también había buscado en el Congreso, sin éxito, los 56 votos necesarios para una reforma constitucional habilitando la reelección.

Entonces Ortega decidió, en complicidad con intendentes "opositores", militantes del Partido Liberal nicaragüense, como ahora Cartes con los servicios de Lugo, buscar la reelección mediante un recurso judicial presentado el 15 de octubre de 2009 ante el Consejo Supremo Electoral (http://bit.ly/2gSKMeq) por el abogado de Ortega y los intendentes, Eduardo José Mejía Bermúdez, el Marcos Fariña de Nicaragua, que pedía derogar los artículos 147 y 178 de la Constitución nicaragüense arguyendo un supuesto "principio de igualdad incondicional".

Como el Consejo rechazó la solicitud, Ortega recurrió a la Corte, exactamente como planean sus demandas Cartes y Lugo en Paraguay. La Sala Constitucional nicaragüense dictó entonces su sentencia 504 a favor de Ortega, aunque la oposición pidió intervenir al pleno de la Corte, integrada por dieciséis ministros.

La cosa no pasó a mayores hasta agosto de 2010, cuando los ocho ministros sandinistas de la misma destituyeron a siete ministros liberales y nombraron a sustitutos con la excusa de que los destituidos no sesionaban desde enero en protesta por un decreto de Ortega imponiendo la reconducción tácita, mostrando que la torpeza liberal no es monopolio paraguayo (http://bit.ly/2gYDHYk).

En nuestro país, Cartes dice contar con cuatro ministros (Pucheta, con hijo en Itaipú; Fretes, amigo personal; Peña, aliada política; Torres, correligionario) y Lugo con uno (Benítez Riera quien, sin embargo, ya fue fruto del entendimiento de Lugo con Cartes, pues es ex cuñado del gerente José Ortiz). Mayoría.

El 30 de setiembre de 2010, los sandinistas de la Corte validaron, con la sentencia 6, aquella 504 del 2009, que habilitaba a Ortega a aspirar a su reelección en 2011, declarando inaplicables los artículos constitucionales que prohibían la reelección y limitaban el número de mandatos (http://bit.ly/2gSKMeq). La Corte se arrogó el poder constituyente que solo tenía el Congreso, señalando que la interdicción establecida para el presidente e intendentes aprobada en la reforma constitucional de 1995 por el Congreso "representa un trato desigual" (con respecto a los demás cargos electivos) "contraviniendo el principio de igualdad... que reconoce como única limitación señalada... por el constituyente originario, por razones de edad y por motivos de condena penal o interdicción civil" (http://bit.ly/2fWlEBn).

Cartes y Lugo están intentando un golpe de Estado semejante. Lo que tenemos que saber es que la consecuencia de su triunfo es la dictadura, como en Nicaragua.