“Lo que yo puedo decir es que no soy religioso”, afirmó el procurador general de la República en una rueda de prensa en la que hizo un balance de las operaciones contra la corrupción este año y al ser interrogado sobre la declaración del exjefe de Estado.
Janot agregó que Lula, como cualquier persona en Brasil, es libre para expresar su opinión.
En un evento la víspera en que recibió el apoyo de intelectuales y líderes de movimientos políticos, sindicales y sociales, Lula, quien responde a tres procesos diferentes por corrupción en la Justicia, dijo ser un perseguido y negó cualquier delito.
“Hay un pacto casi diabólico de la prensa, el Ministerio Público Federal (Fiscalía), la Policía Federal y (el juez Sergio) Moro contra mí”, aseguró el expresidente al referirse a las acusaciones en su contra en el marco del escándalo de corrupción destapado en la petrolera estatal Petrobras y que ha salpicado con fuerza al Partido de los Trabajadores (PT).
En su discurso, Lula señaló que no se sentía cómodo al estar en un acto preparado para su defensa ya que es “inocente”, y que, por el contrario, le gustaría participar en uno para “acusar” al grupo responsables de las investigaciones en la “Lava Jato” (como se conoce el caso Petrobras) “que miente para la sociedad brasileña”.
El exlíder sindical, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, es acusado de haber recibido favores indebidos, como reformas en una casa de playa y en una casa de campo de las que niega la propiedad, de grandes constructoras que se beneficiaron de los desvíos en Petrobras.
El Fiscal General aprovechó la rueda de prensa de este viernes para criticar algunos proyectos de ley discutidos en el Congreso y que pueden amnistiar políticos que recibieron recursos desviados de Petrobras para financiar sus campañas, o restringir las investigaciones sobre autoridades con fuero privilegiado o limitar las operaciones contra la corrupción.
Los proyectos han sido interpretados como una maniobra de algunos diputados para ser excluidos de las investigaciones del juez Moro, responsable del caso Petrobras y que ha mandado a la cárcel a decenas de exfuncionarios de la estatal y de altos ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil, y que tiene en su mira a numerosos políticos.
Janot calificó como muy perjudicial un proyecto de ley que puede mandar a la cárcel por supuesto abuso de autoridad a policías, jueces y fiscales que interpreten la ley contra la corrupción de forma rígida.
Según el Fiscal, así como ocurrió en Italia tras la operación “manos limpias”, en Brasil pueden ser aprobadas algunas leyes que restringen el combate a la corrupción.
“Es obvio que en una investigación de este tipo, que toca poderes políticos y económicos, la autopreservación provoca una reacción de esos centros de poder”, afirmó.
