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Sucesos
sábado 5 de agosto de 2017, 02:00

El Estado olvidó ante la ONU acción contra militarización

Erróneamente el Estado paraguayo informó al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas que no se había presentado acción de inconstitucionalidad alguna ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 5036/13 que posibilita la militarización de la zona norte del país. Esto a pesar de que el mismo ministro Sindulfo Blanco haya estado en Ginebra para el efecto.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que al percatarse del error que se tuvo durante la lectura de la respuesta presentada ante el Comité durante la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ya fue remitida una nota aclaratoria al CAT en base a la confirmación del Poder Judicial de que existen dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 5036/13 que posibilita la formación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El 21 de abril del 2017 presentaron Ramón Denis Cardozo e Ignacio Sosa y el 27 de julio del 2017 fue María Gloria González quienes presentaron las acciones de inconstitucionalidad en carácter de víctimas de la violencia y persecución de la FTC. Ambas presentaciones realizadas ante la Corte Suprema de Justicia se hicieron con patrocinio del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj).

El equipo de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el ministro Blanco, obvió las presentaciones de inconstitucionalidad de la operatividad de la FTC nada más y nada menos que en Ginebra.

De igual forma, hasta el momento no fue resulta aún ninguna acción de inconstitucionalidad contra la operatividad de la FTC que ya fueron presentadas.

Lo que si se determinó en el informe al CAT es que varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron una opinión en contra de la militarización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna.

Recordemos que en la Cámara Alta el senador Pedro Santacruz había presentado un proyecto de ley para abolir la Ley 5036/13, además de las acciones ante la Corte.