Entre 2007 y 2015, los ingresos públicos totales en Guatemala se redujeron 2,1 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), “alcanzando el nivel más bajo de América Latina, debido principalmente a la ineficacia en la recaudación, las altas tasas de evasión fiscal y la baja eficiencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, apuntó el BID en nota de prensa.
Con el nuevo programa, que respaldarán estos fondos, se prevé un incremento en la recaudación neta de 10,2 % del PIB en 2015 a por lo menos 11 % del PIB en 2018, y una mejora del 5 % en la puntuación del Índice de Lavado de Dinero de Guatemala (producido por el Instituto de Gobernanza de Basilea) en 2018.
Asimismo, se espera una mayor eficiencia de la SAT con una reducción de la tasa de evasión del IVA (Impuesto al Valor Agregado) de 34,2 por ciento en el 2015 a un máximo de 25 por ciento a 2018.
El BID recordó que “el ingreso tributario per cápita de Guatemala permanece rezagado con respecto al de la región, lo que ha contribuido a que la incidencia de la pobreza se haya incrementado al pasar de 51 % en 2006 a 59,3 % en 2014, y que persista un alto grado de desigualdad, uno de los más elevados de la región”.
Adicionalmente, agregó, “los problemas de recaudación tributaria en Guatemala también se relacionan con la insuficiente transparencia en el sector financiero y el significativo riesgo de actividades de lavado de activos y delitos financieros que la misma trae aparejados”.
El programa busca implantar “un conjunto de instrumentos normativos y de políticas públicas para la reducción de la brecha fiscal y el incremento en la recaudación tributaria y aduanera, además de una mejor y más amplia regulación y supervisión del sector financiero, incrementando su transparencia y protegiéndolo de posibles amenazas de lavado de activos en el país”.
Este préstamo de reformas de política tiene 20 años de plazo y cuenta con 5 años y medio de gracia.
