Tras un sondeo realizado ayer al primer anillo del mandatario, estos rechazaron la idea de llegar a un cuoteo político para definir la suerte de los magistrados. Como ejemplo de no cuoteo mencionaron el caso de Miriam Peña, designada ministra de la Corte en reemplazo de Víctor Núñez, quien renunció en diciembre de 2014, tras la amenaza de juicio político.
Desde el oficialismo mencionaron que tomaron conocimiento de que algunos legisladores están interesados en negociar y ocupar espacios en la Máxima Instancia Judicial.
no hay votos. Los números para el juicio político no cierran en la Cámara de Senadores y esta información ya fue adelantada a Cartes, a través de sus aliados políticos.
En Palacio de Gobierno admiten que las negociaciones están empantanadas ya que ni los disidentes apoyarían una eventual destitución de los ministros.
Los colorados cartistas sacaron a colación que hay un mandato de la máxima instancia partidaria de la ANR a fin de presionar a lo disidentes que se están resistiendo a votar por el juicio político.
Los anticartistas señalan que el oficialismo está interesado en lograr el juicio político para preparar terreno para cuando se plantee oficialmente el plan de reelección presidencial.
Mientras que los oficialistas acusan de que está corriendo dinero para trabar el juicio político a los ministros.
El titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, manifestó ayer luego de la reunión de la mesa directiva y líderes de bancada que pese a la falta de votos, fijará una fecha para el enjuiciamiento. Hasta el momento solamente hay 24 votos a favor del juicio político y se necesitan 30 para oficializar la condena. En contrapartida, 16 senadores están en contra del proceso.
La situación se resolverá después de la Semana Santa. Esta situación también afecta las negociaciones para elegir al futuro contralor general de la República, y al defensor del Pueblo, cuyos mandatos ya fenecieron, pero siguen sin resolver ante la falta de consenso político.