El Poder Ejecutivo publicó ayer el Decreto 8439/18, por medio del cual posterga hasta el 2019 la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a las compañías de transporte público, cediendo así a la presión ejercida por los empresarios del sector, quienes habían advertido que de entrar en vigencia este tributo el costo del boleto debía aumentarse en un 10%.
De acuerdo con el documento, esta posposición obedece a un pedido del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya que a la fecha sigue sin aplicarse el billetaje electrónico en todos los ómnibus metropolitanos.
Continúa argumentando que, sin olvidar las medidas implementadas en busca de una mayor equidad y transparencia fiscal, el Gobierno busca facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, razón por la cual “ha considerado dicho planteamiento, atendiendo la relevancia que otorga al billetaje electrónico en el proceso de transparencia del servicio de transporte”.
En su segundo articulado, el Decreto 8439/18 establece que hasta el 31 de diciembre de este año las empresas del rubro seguirán liquidando en base al mecanismo de la renta presunta. Esto significa que tributarán el 10%, pero solamente sobre el 7,5% de los ingresos brutos generados por cada colectivo.
Mediante este régimen tributario, por cada boleto convencional los empresarios del ramo aportan G. 16,5, mientras que por cada pasaje diferencial abonan G. 27.
Presión. Este es el segundo aplazamiento decretado por el presidente Horacio Cartes, teniendo en cuenta que el IVA a los transportistas ya debía entrar en vigencia desde el 1 de enero del 2017, conforme al Decreto 4292/15.
Sin embargo, mediante otro Decreto, el 6733/17, el Ejecutivo postergó su entrada en vigencia hasta el 1 de enero de este año.
Los colectiveros, a modo de presión para no entrar al régimen general del impuesto, habían solicitado al Gobierno un nuevo reajuste del boleto en el mismo porcentaje de la tasa que deben abonar por el IVA; es decir, 10%. Con esto, el pasaje convencional sería aumentado a G. 2.430 (con G. 100 de subsidio) y el diferencial a G. 3.960.
Según el criterio de los transportistas, como el IVA es un impuesto indirecto, el pago del mismo recae sobre el consumidor final, que en el caso del servicio de ómnibus es el pasajero, de acuerdo con lo manifestado por César Ruiz Díaz e Ignacio Cárdenas, titulares de los gremios Cetrapam y Ucetrama, respectivamente.
Apretado por este nuevo pedido, el Gobierno finalmente optó por postergar la aplicación del gravamen, a dos semanas de haber decretado el último reajuste al boleto. En esa ocasión, tras la suba del combustible, el pasaje convencional fue aumentado en G. 200 y el diferencial en G. 300.
Con esto, será recién la próxima administración quien defina la aplicación o no del IVA a los colectiveros.
Ruiz Díaz confirma que aplazo se consiguió por lobby
El titular del gremio de transportistas Cetrapam, César Ruiz Díaz, confirmó ayer que el aplazo del IVA al sector se consiguió luego de varias reuniones mantenidas con autoridades del Gobierno Nacional.
Consultado ayer sobre el tema, al empresario se lo notó muy nervioso y con versiones contradictorias.
En comunicación con ÚH afirmó que el pedido de suba del boleto en 10% es debido a la aplicación del IVA, así como la posibilidad de aplazar el gravamen hasta 2019, son temas que ya se vinieron conversando desde fines del año pasado con el Gobierno. En conversación con la 1080 AM negó tal solicitud, pero luego admitió que se mantuvieron varias conversaciones al respecto con el Gobierno, agregando que si se pone en vigencia el impuesto, “categóricamente vamos a pedir la suba del 10%". Finalmente, reconoció que el contenido de la noticia publicada ayer por este diario era veraz.