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Economía
martes 30 de mayo de 2017, 02:00

DNCP critica al Tribunal de Cuentas por blanquear a firmas inhabilitadas

Proveedores inhabilitados por Contrataciones facturaron al Estado más de G. 70.000 millones en el último año, porque la Justicia les brindó medidas cautelares. Contrataciones está bastante disconforme.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Santiago Jure, no ocultó su malestar por las determinaciones que viene tomando últimamente el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial, en el caso de las empresas sancionadas por esa dirección.

Entre el 2016 y 2017 fueron inhabilitados más de 200 proveedores del Estado por diversas faltas, pero 12 obtuvieron medidas cautelares de parte del Tribunal para seguir contratando. De esa cantidad, seis consiguieron millonarios contratos (gracias al aval que les brindó la Justicia) y así volvieron a facturar más de G. 70.000 millones.

Para Jure, las medidas cautelares no se encuentran ajustadas a derecho y se está anteponiendo el interés particular de las empresas que han sido sancionadas con inhabilitación, dado que no se está considerando el interés público que se busca proteger con tales sanciones.

Añadió que se han interpuesto los correspondientes recursos de apelación y nulidad contra todas las resoluciones que otorgan dichas medidas, a fin de obtener la revocación de las mismas por parte de la Corte Suprema de Justicia. Primeramente, se apela al Tribunal de Cuentas y en el expediente se solicita que este organismo eleve el documento a la Corte para que esta última imprima el trámite correspondiente.

No obstante, los trámites procesales de revocación de las medidas cautelares son lentos y en estos casos es común que, aunque finalmente la Corte otorgue la razón a la DNCP y las medidas sean revocadas, durante el tiempo que dura el proceso judicial las empresas sancionadas con inhabilitación sigan participando en licitaciones públicas, aseveró.

CRECEN LOS CASOS. El director explicó que los criterios estrictos y la creciente cantidad de sanciones aplicadas se deben a los numerosos incumplimientos contractuales que causan una erogación innecesaria de recursos públicos o la frustración de la satisfacción de una necesidad colectiva.

"Considerando que hay rubros muy delicados y complejos como obras públicas, provisión de alimentos o medicamentos, etc., la imposición de las sanciones de inhabilitación tiene por objeto la protección del interés público mediante el control del estricto cumplimiento de los contratos celebrados con las entidades públicas y la promoción de la participación de empresas que realmente posean la capacidad de ejecución", remarcó.

Todos los proveedores que obtuvieron nuevos contratos habían recurrido a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas. Las autoridades de esta institución son Gregorio Ramón Rolando Ojeda, presidente; Arsenio Coronel Benítez, vicepresidente; y María Celeste Jara Talavera, vocal.

Según estadísticas de la DNCP, en el 2013 hubo 61 sanciones, mientras que en el 2014 subieron a 87, a 143 en el 2015, en el 2016 se registraron 192 y en el 2017, hasta la fecha, hubo 81. Las inhabilitaciones fueron 35 en el 2013, 69 en el 2014, 96 en el 2015, 148 el año pasado, mientras que este año se registran 69 (ver infografía).

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