Luego de que un funcionario de Autores Paraguayos Asociados (APA) se presentó –arrepentido de sus actos– ante el fiscal Martín Cabrera para revelarle el procedimiento irregular que cometieron en la mencionada entidad y cuya declaración fue publicada por este diario, la Fiscalía llevó a cabo varias diligencias.
Posteriormente, los fiscales Alberto González de la Unidad penal N° 10 y el agente fiscal de la Unidad N° 4 especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera decidieron presentar imputación contra Cosme Alcibíades Roa (81) más conocido como Alcides, quien se encuentra suspendido de su cargo de presidente, y Luis Alberto Barrientos Alcorta, secretario general, también suspendido. Así también fueron imputados otros cinco funcionarios (ver infografía).
Según refiere el escrito, a través de los informes parciales de fiscalización, designado por resolución N° 96/15 de la Dirección General de Derecho del Autor y Derechos Conexos, cuyo resultado recayó en un Informe de Auditoría se evidenciaron indicios suficientes sobre hechos punibles cometidos dentro del manejo de los bienes y la administración de la entidad de gestión colectiva (APA) por parte de sus directivos dentro de los periodos comprendidos entre el año 2012 al 2015.
También menciona que se han extraído fondos de las cuentas que tiene APA en diferentes bancos por el monto de G. 1.854.367.349.
En la imputación se hace alusión a las declaraciones testificales de los funcionarios Francisco Fredy Villareal, –quien declaró que personas extrañas al departamento de Recaudación ingresaron y extrajeron varias documentaciones en bolsas y mochilas– y Juan Carlos Ovelar, quien comentó que recibió instrucciones de Barrientos para que ayude a Librada Jiménez (encargada de Caja del APA); a quitar todo lo que pueda del Departamento de Recaudaciones.
Añadió que tomó el dinero e introdujo entre su campera, mochila y ropa interior como seis fajos de diez millones y otros tres millones. Así también lo hicieron los otros funcionarios imputados. Además, expresó que funcionarios de Informática borraron las imágenes del circuito cerrado.
El juez Rubén Riquelme deberá fijar fecha para la audiencia de medidas.