El dinero de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en tres continentes, agita la política de Colombia y Perú.
En Colombia la acusación es de financiamiento de las elecciones presidenciales de 2014, entre ellas la reelección de Juan Manuel Santos.
La Fiscalía anunció el martes que investigaba el supuesto ingreso de un millón de dólares a la campaña de Santos que provenía de un soborno de la firma brasileña al ex senador Otto Bula, detenido desde mediados de enero, señalado de facilitar a la constructora la adjudicación de una obra pública.
En una nueva rueda de prensa el miércoles, el fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que la apertura de las pesquisas se basó en la declaración juramentada de Bula, quien dice haber entregado el dinero a través de un intermediario al gerente de la campaña Santos Presidente-2014, Roberto Prieto.
“La existencia de una prueba física de la entrega del dinero (...) no la tiene la Fiscalía”, dijo Martínez.
El fiscal aseguró que el testimonio de Bula “no vincula para nada al señor presidente”, pero envió copia del caso al Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad del país en la materia y encargado de indagar irregularidades en las campañas.
El CNE inició las investigaciones administrativas, que incluyen dos líneas de indagación: por omisión en el reporte final del gasto de la campaña y por el incumplimiento de la prohibición a que algún gobierno, persona o empresa extranjera aporte dinero para la contienda política local.
Santos pidió al CNE en un mensaje en Twitter investigar “a fondo lo más rápido posible” los señalamientos. El mandatario dijo esperar “que salga a la luz pública toda la verdad en caso Odebrecht”, compañía acusada por la Justicia de Estados Unidos de sobornos en Colombia por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
La Fiscalía asevera que Bula fue contratado por Odebrecht, con una “comisión de éxito” de 4,6 millones de dólares, para favorecer una adición del contrato de un trayecto vial que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Por su parte, la fiscalía peruana pidió a una corte judicial el arresto por 18 meses del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht
El pedido de prisión de Toledo, que gobernó el país entre el 2001 y 2006, será evaluado por un juez. afp