EFE
“Brasil está pasando por un momento de dificultades”, pero “una parte de ese momento es debida a la sistemática crisis política que provocan aquellos que perdieron las elecciones y no se conforman”, sostuvo en un acto en el que entregó 2.400 residencias construidas por el Gobierno en el marco de un programa de viviendas populares.
Rousseff, reelegida en 2014 en unos reñidos comicios en los que se impuso por tres puntos porcentuales al opositor Aécio Neves, dijo que sus adversarios “tienen derecho a discrepar”, pero “no pueden jugar en forma sistemática a la división del país”.
La mandataria también volvió a criticar la operación policial mediante la cual su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, fue llevado en forma coercitiva a declarar ante la justicia por asuntos de supuesta corrupción.
Rousseff censuró nuevamente que la justicia haya trasladado a Lula desde su casa a una comisaría y aseguró que “no es posible aceptar” ese tratamiento con “personas que nunca se recusaron a declarar, como es el caso del expresidente”.
Lula es investigado por supuesta ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero, aunque la justicia ahora intenta determinar si también está incurso en el delito de enriquecimiento ilícito.
Según Rousseff, “no tenía ningún sentido llevarlo por la fuerza”, pues “acudió siempre que fue convocado” y se trata de una persona que “nunca se juzgó mejor que nadie”.
También reiteró sus críticas a las “filtraciones ilegales”, en referencia a documentos sigilosos sobre diversas investigaciones obtenidos por la prensa, que ha anticipado muchas de las acciones que llevan a cabo los tribunales, sobre todo en relación a las averiguaciones sobre las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras.
En opinión de Rousseff, muchas veces las “acusaciones” filtradas “no son verdaderas, pero el impacto de lanzar barro a los otros ya ocurrió" y permanece.
Muchas de las personas que asistieron al acto interrumpieron varias veces a la mandataria al grito de “no habrá golpe”, como la propia Rousseff ha calificado a un trámite iniciado en el Congreso con vistas a un posible juicio con miras a su destitución.
La oposición fundamenta ese proceso en unas maniobras contables que el Gobierno realizó para supuestamente maquillar los resultados fiscales de 2014 y 2015, pero ha anunciado que pretende fortalecer su solicitud con sospechas de que la corrupción petrolera alimentó la campaña electoral de Rousseff en 2014.
