EFE
Entre estas empresas se encuentran cadenas de supermercados, panaderías, farmacias, empresas de refrescos, agua mineral o telefonía, restaurantes de comida rápida y hoteles de lujo, pero también una asociación de empleados de una institución del Estado y el laboratorio de una universidad privada, de acuerdo con la fuente.
Según las denuncias presentadas, las entidades solicitaron el test de Elisa, que sirve para detectar la presencia de anticuerpos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la sangre, durante las entrevistas de acceso a un puesto de empleo o de renovación del contrato laboral.
En algunos casos, la prueba del VIH se realizó incluso de forma no autorizada, a través de una toma de muestras de sangre para un análisis de rutina, que una vez en el laboratorio se sometieron al test de Elisa sin permiso de los trabajadores.
Además, si el resultado de la prueba delataba la presencia de anticuerpos del virus en la sangre, el laboratorio comunicaba el dato a la empresa en lugar de al empleado, violando su derecho a la confidencialidad, explicó Benítez.
En otros casos, a raíz de conocerse el resultado de la prueba, el empleado sufrió discriminación, por ejemplo al verse obligado a utilizar un baño separado del resto de trabajadores, o incluso fue despedido.
“La discriminación hacia las personas que viven con VIH en Paraguay nos da una idea del grado de ignorancia sobre la transmisión del virus que existe. Todavía hoy, una persona que vive con VIH en Paraguay se considera peligrosa”, lamentó Benítez.
Expuso que estos casos de discriminación laboral promueven una actitud negativa hacia la enfermedad y dificultan la adopción de medidas de prevención reales para evitar la transmisión del virus.
Agregó además que los resultados del test de Elisa, una prueba simple y de bajo costo que es la más extendida para la detección de anticuerpos del VIH, no determinan si la persona padece o no el virus, y requieren siempre de un análisis confirmatorio.
La ley 3940 obliga en Paraguay a que todas las pruebas de VIH se realicen de forma voluntaria, con el consentimiento libre e informado de la persona, y a que sean gratuitas y confidenciales.
Además, protege el derecho de los trabajadores que viven con VIH o SIDA a un empleo digno, y prohíbe que se ejerza contra ellos “presión o coacción” para que se realicen la prueba o que se condicione su acceso, promoción o permanencia en los puestos de trabajo a la realización o resultado de la prueba.
Las sanciones aplicables a las empresas que incumplan la ley rondan desde una multa económica a la clausura por un tiempo máximo de cuarenta días.
Durante el año 2015, el Centro de Denuncias recibió un total de 192 notificaciones de discriminación hacia personas que viven con VIH, o personas de las que se sospecha que contrajeron el virus.
Cerca de 16.000 personas viven con VIH en Paraguay, alrededor de 4.000 de ellas lo desconocen, y cada día se producen en promedio tres nuevos diagnósticos de la enfermedad, según cifras oficiales.
