“El sistema penal funciona como un sistema excluyente: se nutre de la exclusión y alimenta la exclusión”, sentenció Roque Orrego, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) al ser consultado sobre algunos de los datos del reciente informe de gestión 2016 del organismo.
El documento advierte que existen “patrones discriminatorios en el encierro”, ya que las personas más empobrecidas y vulnerables, por distintos factores, son aquellas que resultan encarceladas.
Para sostener esto, el organismo se basa en investigaciones propias y en el último censo penitenciario del 2015. En ese sentido, el informe resalta que el tipo de delito más común entre los hombres adultos presos se encuentran los hechos punibles contra la propiedad de las personas, como los robos agravados y hurtos, con un 42 por ciento de los censados.
“Sin embargo, un 63 por ciento de las mujeres cometieron delitos que tienen que ver con la ley de tráfico de drogas y se tiene apenas un 19 por ciento de varones con este tipo delictivo en la población penal masculina”, observó Orrego.
“Este cuadro te dice que varones empobrecidos cometen hechos punibles que devienen de su situación de exclusión social en la lucha por la supervivencia; por eso, el 42 por ciento está preso por delitos contra bienes de las personas y en el caso de las mujeres, que tienen una especial situación de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta la cantidad de mujeres presas por tráfico y que casi todas las mujeres privadas de libertad son madres y que el 43 por ciento manifiestan haber sido víctimas de violencia doméstica”, añadió.
Al respecto, el informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura advierte que, en la práctica, el encierro funciona como una suerte de política estatal a los problemas sociales que derivan en la criminalidad. “Con estos datos (ver infografía) tenés un perfil descriptivo del tipo de personas privadas de su libertad. Son gente afectada por factores de exclusión social: falta de trabajo, educación, salud, familias sin poder acceder a políticas de trabajo”, aseguró Orrego, un ex magistrado del fuero penal.
En su opinión, el sistema penal actual, al apuntar principalmente a la población más vulnerable, influye en la inseguridad en las calles. “Esto repercute a favor de que existen personas cada vez más imposibilitadas de llevar una vida sin delinquir y antes de bajar la criminalidad en lugares como Asunción y Central, aumenta. A mayor violencia aplicada por parte del Estado, mayor violencia por parte de la gente que es devuelta a la sociedad”, expresó.
ADENTRO. El informe de gestión del MNP también señala que dentro de las penitenciarías se repiten las discriminaciones de acuerdo con el poder económico de las personas privadas de libertad.
“La misma falta de equidad que existe afuera se traslada hacia dentro de una penitenciaría, cuando se compran privilegios y cuando existen personas que no encuentran ni siquiera un pabellón para dormir, los llamados pasilleros, que son excluidos de todo grupo y terminan durmiendo en los pasillos”, señala el documento. “De la cantidad de gente en las penitenciarías se ve claramente que hay muy poca que tiene medios económicos. (...). La mayoría de las personas encarceladas es gente que utiliza la defensa pública por no poder pagar defensa privada”, agrega.
