25 jun. 2025

Defensa de González Daher denuncia por coacción al JEM

El actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Cristian Kriskovich, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la defensa del ex senador Óscar González Daher por coacción y atentado contra el orden constitucional.

En Fiscalía.  El titular del JEM (c) visitó días atrás al fiscal Alejo Vera, encargado de despacho.

En Fiscalía. El titular del JEM (c) visitó días atrás al fiscal Alejo Vera, encargado de despacho.

La abogada Sara Parquet de Ríos presentó la denuncia ante el fiscal adjunto Alejo Vera, actual encargado de despacho de la Fiscalía General.

Sostiene que por publicaciones periodísticas del 22 de febrero tuvo conocimiento de que el titular del JEM se presentó en la Fiscalía General y, entre otras cosas, solicitó la celeridad de las investigaciones iniciadas en el caso de los audios filtrados del Jurado.

La abogada indica que el propio Kriskovich asegura que fue a pedir informes de los avances de la causa, de por qué la tramitación era lenta, por qué no avanzaba y a solicitar explicaciones.

Incluso, conocer las razones por las que los fiscales de la causa pidieron medidas alternativas cuando que el hecho punible de asociación criminal tenía pena de diez años.

La denuncia refiere que Kriskovich desconoce la ley penal, ya que la pena por asociación criminal era de cinco años y no diez, con lo que otorga el derecho a la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

INTROMISIÓN. La denuncia de la defensa de González Daher entiende que la presencia del presidente del JEM en la Fiscalía era una directa intromisión, ya que pretende un control de las actividades del Ministerio Público, lo que no es función de este órgano.

Afirma que el Jurado, según la ley que les rige, tiene competencia de enjuiciamiento de camaristas, jueces y agentes fiscales. Apunta que la actuación de Kriskovich era un atentado contra el orden constitucional, ya que se aprovecha de su cargo para amedrentar y coaccionar a los fiscales supuestamente por instrucciones de sus miembros.

Parquet argumenta que es un hecho sumamente grave, ya que es una directa injerencia, una coacción sobre los órganos de juzgamiento que integran el Poder Judicial. “Constituye una autoatribución de funciones no permitida en el estado de derecho”, indica.

Señala que el Código Penal, en su artículo 273, que tipifica el atentado contra el orden constitucional, lo castiga con pena de hasta cinco años de cárcel. Dice que el JEM debe dejar a los fiscales hacer su trabajo, sin amedrentarlos. Solicita se abra una investigación penal sobre el hecho denunciado.