La mayoría del pleno de la Cámara Baja aprobó meses atrás la declaración de emergencia educativa. Los parlamentarios cambiaron de parecer luego del fiasco que representó la primera licitación de obras bajo la gestión del ministro de Educación, Enrique Riera.
Más de G. 50.000 millones se adjudicaron a dos empresas llenas de irregularidades y la licitación completa debió ser anulada por el propio Riera.
Estas irregularidades no pasaron desapercibidas y fueron el centro del debate durante la sesión de ayer.
Opositores y oficialistas –con apenas dos excepciones– descalificaron la gestión de Riera en la cartera estatal.
Para Vetner López, de la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), la declaración de interés “no sirve para nada”.
“Se eliminó la esencia de la emergencia educativa, que era la posibilidad de construcciones por la vía de la excepción y la reacción de comités de emergencia”, lamentó el líder estudiantil. Ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.
