VILLARRICA
Tras cinco meses de aparente tregua, una resolución del Tribunal Electoral de Villarrica en la que se rechaza la demanda de nulidad interpuesta en marzo de este año por Rodolfo Friedmann Alfaro, gobernador de turno, desató nuevamente una crisis institucional en la Gobernación de Guairá.
El polémico fallo se dio a conocer recién a las 23.00 del viernes pasado y poco tiempo después policías y cascos azules coparon la Gobernación y, siguiendo órdenes superiores, rodearon el predio sin dejar ingresar a Friedmann ni su equipo.
En tanto, la Junta Departamental que responde a Friedmann Alfaro se reunió en la misma vía pública en horas de la mañana de ayer, al no poder acceder a la institución. La sesión fue encabezada por el concejal colorado Rodolfo Pereira, desde el predio de la Gobernación.
En la reunión de los ediles disidentes, los mismos otorgaron poderes a los abogados Roberto Arrúa Mendoza y Roque Paiva, para tomar las acciones necesarias en el ámbito judicial.
“Sesionamos en la calle porque la Policía no permite la entrada de los compañeros hasta nuestra sala de sesiones”, explicó Pereira.
Óscar Chávez, el ahora encargado de despacho, al hablar con los medios de comunicación pidió disculpas a la ciudadanía. Sostuvo que son respetuosos de la ley y que esperaban este momento para hacer cumplir la resolución existente.
Orden superior. Friedmann sostuvo que el jefe de orden y seguridad de la Policía le dijo que no tenía orden judicial, sino una “orden superior” para no dejarle entrar.
“Me encuentro con los portones cerrados y candadeados, y me niegan el ingreso, siendo que no hay orden judicial, y me dicen orden superior y que no es día laboral, y eso no puede ser. No hay ningún respaldo judicial, ninguna autoridad me atiende el teléfono, es un atropello, rompieron las cerraduras”, sostuvo.
En marzo de este año, Friedmann, quien se unió a la disidencia del Partido Colorado tras el primer conflicto por la silla de mando en la Gobernación, había presentado un pedido de nulidad al Tribunal Electoral de una resolución emanada el pasado 2 y 3 de marzo por la Junta Departamental, que hacía lugar a una supuesta carta de renuncia presentada por el ex oficialista cuando este estaba de vacaciones con su esposa.