La acción de inconstitucionalidad fue planteada en el año 2011 por las profesoras Adriana Edith Vallovera y Tanya Eunice Monsalve Deggeller, a través de la abogada Cristina Romero.
Atacaron los artículos 139, 161 al 167 y 168 al 171 de las normas generales para los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos de la FCM/UNA.
Sostienen en su acción que las disposiciones son contrarias a la igualdad de las personas, ya que al llevar a concurso a las docentes se les discrimina, puesto que los demás funcionarios permanentes no concursan para mantenerse en sus respectivos cargos.
Dicen que “el llevarnos a concurso para mantener nuestros puestos es inconstitucional pues viola no solo la Constitución sino las demás normativas que rigen la materia, discriminándonos de manera premeditada”.
Las mismas son auxiliares de enseñanza y sus cargos tienen una duración de dos años, y pueden ser renovados previo concurso.
Según los ministros Gladys Bareiro, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac, en la acción, las mismas no acreditaron su calidad de funcionarios públicos. Con ello, alegan que tampoco se habla de un perjuicio que afecta personalmente, por lo que votaron por el rechazo de la acción.
